Balada para un desalojo

Balada para un desalojo

Las callecitas de Iponá tienen ese qué-se-yo, ¿viste? Salgo de mi casa, por Becú. Lo de siempre, en la calle y en vos… Cuando, de repente, de atrás de un árbol se aparece un juez. Mezcla rara de penúltimo notario y de primer abogado en tomar café en el buffet de Tribunales: un impoluto traje negro, la corbata pintada en la camisa, dos zapatos símiles italianos en los pies, y una orden de desalojo levantada en cada mano.

La policía se agolpa en la entrada de la “Pajarera”. Al igual que las casitas de los horneros, acá hay una sola salida y está bloqueada.

La crónica puede terminar de una sola forma: todos afuera

El amarillo reflejo de las paredes blancas cuando despunta el alba, indica que es temprano, demasiado temprano. La ley no tiene horarios, la curiosidad de los vecinos sí. Nadie se asoma por las ventanas ante tanta sirena de la policía, nadie se para en la vereda ni le pregunta a los oficiales qué está sucediendo, cuál es la razón para tanto alboroto. A nadie parece importarle lo que sucede en Becú pasando el 3000Pajarera_1

Sin embargo, los vecinos de la Pajarera lo saben bien, o al menos la novedad les golpea la puerta. En algunos casos, la voltea. Literalmente. Los policías ingresan al edificio pidiendo puerta por puerta recibos de alquiler, contratos, facturas pagas, cualquier cosa que indique que el inquilino pueda demostrar su regularidad contractual. Caso contrario, son obligados a abandonar el lugar por usurpación.

La policía entra departamento por departamento, por la fuerza o por coerción. No sólo encuentra evidencia de usurpación de las propiedades, sino que en algunos encuentran drogas ilegales o posesión ilegítima de armas.

También se dilucidan conexiones ilegales a la luz, el cable o internet. En otros, sólo encuentra resistencia al allanamiento y son detenidos por desacato.

La pajarera queda vacía, una especie de síndrome del nido vacío pero habitacional.

Iponá es un barrio habitado por esa rara avis social que es la clase media. Clase que escapa a cualquier análisis académico que quiera hacerse. Para el marxismo, no existe. Para el funcionalismo o el constructivismo tampoco. Sólo existe en los vocablos periodísticos para denominar ese maremágnum de heterogeneidades con ingresos ni voluminosos ni escasos.

A pesar de ello, hay sectores sociales clasemedieros con amplios prejuicios sobre otros sectores sociales clasemedieros. Este prejuicio cala hondo sobre las percepciones vecinales acerca de la gente desalojada de la Pajarera. Que son todos vagos, que son todos choros, que son drogadictos o que son sucios. Ahora la justicia aporta otro adjetivo:

Son todos okupas

En incontables noches la pueblerina calma de Iponá se interrumpía con gritos, corridas, peleas y hasta tiros. Los vecinos de la Pajarera no hacían migas con vecinos de la zona y las trifulcas o rencillas se solucionaban de modo violento.

Siempre algún móvil policial o el miedo a que las peleas pasen a mayores evitaban la espectacularidad de los conflictos. Incluso había noches en las que, como espectador de lujo, aprendía a cómo ‘colgarme’ de la luz viendo desde mi ventana cómo se realizaban este tipo de conexiones en la Pajarera.

La emergencia habitacional es algo palpable en cada rincón de nuestro país. Una de las formas más rápidas, e incluso más baratas, de resolver el tema de dónde vivir es a través de la ocupación ilegítima de una propiedad o un lote.

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Esto no es algo para nada nuevo en Argentina, más las soluciones sí. El primer conflicto data de 1907, cuando en Buenos Aires unos 2000 inquilinos de conventillos porteños se rebelaron ante el alza de precios de los alquileres.

“Una de las primeras medidas de aquel Estado nacional para mitigar la crisis –incipiente, pero sostenida- de la vivienda fue la Ley Irigoyen (n° 4.824, de 1905), que propició una partida presupuestaria para la construcción social”, Mundo PRO (AA.VV; 2015)

Los urbanistas denominan gentrificación a un proceso de elitización residencial que ilustra cómo actúa el mercado inmobiliario frente a las ausencias de políticas públicas que lo regulen. Es así que se pierden patrimonios arquitectónicos o villas enteras son erradicadas.

En otros tiempos, el Estado actuaba sobre el problema aplicando una normativa nacional. Hoy, la solución estatal a este tipo de conflictividades termina recurriendo a una mera gestión ad hoc de las demandas sociales. En vez de buscar una solución macro, el Estado se ve saturado y minimaliza su participación resolviendo cada caso de modo particular.

Soldati, el Parque Indoamericano, el Tropezón y la Pajarera de Iponá son distintas caras de un mismo conflicto que admite gestiones particulares o ad hoc.

El Estado termina entrando en la tensión entre la exigencia del mercado inmobiliario que choca con las demandas habitacionales. Para salir del atolladero, el Estado recurre a una represión también ad hoc recurriendo a la creación de interfaces institucionales volátiles en vez de normativas como la Ley Irigoyen.

“En circunstancias como la argentina en que la represión legal es ilegítima, si lo excluido se agita, puede haber invisibilización, indiferencia, desatención –o una visibilización que formatea la visibilidad de lo que muestra invisibilizando su exceso”, postula el politólogo Pablo Hubert . La última parte, si bien suena a trabalenguas, es vital para entender lo que sucedió en la Pajarera.

La visibilización de la problemática habitacional se traduce en mostrar el desalojo y los delitos que cometieron los ocupantes. Vagos, choros, drogadictos, armados y okupas; en lugar de síntoma de un grave inconveniente estructural de nuestro país.

Ya han pasado un par de días desde aquel desalojo arrabalero. Sin embargo, las réplicas casi sísmicas de lo sucedido todavía golpean el barrio.

Mientras escribo éstas líneas, un pibe grita con su voz infantil “queremos la luz” a los patrulleros que todavía se agolpan en la puerta. La entrada a la Pajarera es una sola, la salida por ahora es una incógnita.

Por: Danko Kalašnjikov

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