Macri sigue la onda de Trump contra los inmigrantes

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Reforma a la ley de migraciones ¿un eufemismo para legitimar  la construcción  (otra vez) de sujetos peligrosos e indeseables?

Por Silvana Begala, Miembro de CECOPAL, docente de la Facultad de Derecho UNC.

La publicación en el Boletín Oficial el 30 de enero del Decreto 70/17 que el Poder Ejecutivo sancionó el viernes anterior, da oportunidad para reflexionar sobre algunas cuestiones que hacen reaparecer fantasmas del pasado (sí, otros más) y los que siguen poniendo en evidencia que los avances tan costosos (en vidas, luchas sociales y argumentaciones) en cuestiones de Derechos Humanos, no son irreversibles. Esto podría sorprender (aunque a esta altura no debería) a los sostenedores del principio de no regresividad que “guía” la regulación de los Derechos Humanos.

El Decreto es inconsistente con la afirmación de la actual Ley de Migraciones (Nº 25.871) cuando reconoce que el derecho a la migración es esencial e inalienable de la persona y que la República Argentina lo garantiza sobre la base de los principios de igualdad y universalidad.

  • ¿Cuáles son esas inconsistencias? A continuación enumero algunas, el orden no tiene que ver con su importancia, los presento tal como surgieron en mi de la lectura de los fundamentos y del texto del decreto; como reacción, como reflexión y como inicial análisis jurídico.
  • Es un Decreto del PE, cuando tendría que ser una Ley del Poder Legislativo (PL), ya que la política migratoria es competencia del Congreso. Las circunstancias alegadas para la necesidad y urgencia son realmente débiles. Esperemos que, en uso del art. 22 de la ley 26.122 las Cámaras del Congreso lo rechacen y den oportunidad al debate necesario.
  • Mezcla en la argumentación el respeto de los “derechos de las personas extranjeras y la “protección de de los Derechos Humanos” con recursos justificados en las “prerrogativas soberanas”, el “bien común”, “la seguridad nacional”, “seguridad pública”. ¿Es coherente justificar la defensa de la seguridad nacional debilitando o violando derechos humanos? ¿se pude afirmar que se protegen derechos de las personas extranjeras cuando las consecuencias de las medidas propuestas afectará sus derechos fundamentales?.
  • Identifica extranjero con migrante, sobre todo cuando recurre a porcentajes (cuestionables) de la población carcelaria por narcocriminalidad. ¿los extranjeros encarcelados son realmente migrantes (residentes) o son personas en tránsito? ¿no es un elemento de este tipo de delitos el cruce de las fronteras?.
  • Menosprecia cínicamente una mínima capacidad crítica de los argentinos, cuando afirma que “la protección de los Derechos Humanos se ve dificultada por la actual duración de los procesos administrativos y judiciales de expulsión”.
  • Afirma que el “Procedimiento Migratorio Especial Sumarísimo” que produce expulsiones de manera expeditiva violando principios constitucionales contribuye a la protección de los Derechos Humanos. Esto, además de ser contradictorio, reafirma la condición esencial del migrante, su posibilidad de ser expulsado de acuerdo a la discrecionalidad del estado. La incertidumbre del migrantes surge de su permanente condición de expulsabilidad y no de la duración de los procesos administrativos y judiciales. ¿reducir los plazos y limitar los recursos para defenderse y evitar la expulsión es proteger los Derechos Humanos?.

 

Desconoce principios constitucionales del derecho penal al identificar a extranjeros con “antecedentes delictivos (con ese grado de generalidad) con sujetos peligrosos, seleccionables y expulsables en razón de su nacionalidad.

  • La narcocriminalidad justifica medidas y procedimientos cuyas consecuencias se aplican en general todos los extranjeros.
  • Afirma de manera mentirosa que el procedimiento es “aplicable a aquellos casos en los que personas de nacionalidad extranjera se encuentran involucradas en hechos delictivos y a quienes hubieren ingresado en forma clandestina al territorio nacional, eludiendo el control migratorio”. En realidad termina tenido en cuenta para determinar la expulsión hechos presentes y pasados, con sentencia o sin ella (?) y a sujetos que no entran en la categoría de “clandestinos”.
  • Justifica las medidas nombrando delitos graves “en particular […] de tráfico de armas, de personas, de órganos o tejidos y de estupefacientes, lavado de dinero, inversiones en actividades ilícitas, trata de personas, genocidio, crímenes de guerra, actos de terrorismo o delitos de lesa humanidad y de todo otro acto susceptible de ser juzgado por la Corte Penal Internacional” pero aplica esas medidas de manera general a todo extranjero con antecedentes penales de cualquier tipo de delito. En este aspecto el decreto merece las mismas observaciones que la Ley 25.871 que modifica.
  • Cambia el sistema para acceder a la nacionalidad argentina (Ley Nº 346) Transformando la noción de arraigo exigida en el proceso de obtención de la nacionalidad (residencia por dos años) en una cuestión de regularidad migratoria cuando exige residencia regular permanente o temporal. De esta forma no solo contradice importante jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sino que restablece las exigencias de la dictadura militar.
  • Entiende por “tener antecedentes penales todo auto de procesamiento firme, cierre de la investigación preparatoria o acto procesal equiparable” e identifica en sus consecuencias los antecedentes penales con las situaciones de “haber incurrido o haber participado” en algunos delitos aunque la condena penal no esté firme ¿cómo se lleva la esto con el principio de inocencia?
  • Debilita el principio de reunificación familiar el que puede verse afectado por la medida de expulsión, a criterio de la Dirección Nacional de Migraciones.

Hay otras “novedades” sospechosas entre las que podemos enumerar:

  • La omisión de informar sobre la existencia de antecedentes penales, condenas y/o requerimientos judiciales o de fuerzas de seguridad se establece como nuevo impedimento de ingreso, permanencia (art. 29) y causal de cancelación de la residencia y posterior expulsión (art. 62).
  • Crea una situación nueva “el permiso de residencia transitoria” (art. 20 bis), similar a la residencia precaria que permite permanecer, estudiar y trabajar con los límites que fije la autoridad, pero se limita el derecho de tránsito, si la persona durante el proceso del trámite sale no puede volver a entrar al territorio argentino.
  • Reduce los medios recursivos en la instancia administrativa (solo recurso jerárquico) y los plazos puestos a disposición del migrante para presentar los recursos administrativos y judiciales a las medidas de expulsión (3 dìas).
  • Posibilita a la Dirección Nacional de Migraciones solicitar al juez la autorización para la retención del migrante aún cuando la expulsión no esté firme.

¿Cuáles son las consecuencias de este tipo de medidas?

La mayoría de quienes se verán perjudicados directamente por estas medidas nada tienen  que ver con esos hechos de “notorio conocimiento” que formaron parte de una puesta en escena para ”legitimar” reacciones desproporcionadas y poco racionales.

Más allá de las consecuencias  particulares que estas medidas tengan en la biografía de muchos migrantes, lo que más avergüenza son las consecuencias generales que producen en la construcción de una imagen negativa de todos los migrantes y de la migración; asimismo la profundizan la desigualdad y discriminación que se crean y legitiman en función de la nacionalidad de las personas.

Estas medidas son muy efectivas en el logro de estos efectos y sus resultados ya se están produciendo, mientras que como “estrategias contra el delito y la violencia” tiene altamente probada su ineficacia.

Todas las afirmaciones realizadas ameritan un desarrollo más profundo, estos solo son los primeros pensamientos surgidos en la inmediatez del enojo y la vergüenza de vernos tan parecidos a aquellos que hasta hace un tiempo teníamos autoridad para criticar.

Foto de portada gentileza de: La Izquierda Diario

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