Inundaciones Tóxicas

Inundaciones Tóxicas

Por Gabriela Estévez – Diputada Nacional FPV-PJ

Ya no se trata de posibles consecuencias por algún proyecto o por eventuales accidentes en alguna planta. El accidente ya existió y, encima, se prevé construir, muy cerca de donde se produjo el incidente, un mega depósito de residuos urbanos. Hablamos de la empresa Taym (propiedad del Grupo Roggio) y de Cormecor (Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de Córdoba).
Las intensas lluvias que se registraron en los últimos días provocaron el anegamiento de la planta de tratamiento de residuos peligrosos Taym (ubicada sobre la ruta 36, a 30 kilómetros de la capital); se derrumbó un terraplén de contención de materiales altamente tóxicos, que la corriente desplazó por la zona llegando hasta el canal Los Molinos, que provee de agua a la zona sur de la ciudad de Córdoba, alrededor del 30% de los usuarios de Aguas Cordobesas (también propiedad del Grupo Roggio).
El daño ambiental nadie lo ha sabido mensurar; el riego para la salud de la población que pueda consumir agua contaminada es subestimado por la empresa concesionaria (Aguas Cordobesas y por el Estado provincial (ERSEP-Ente Regulador de Servicios Públicos); la Justicia determinó la presencia de hierro, herbicidas, aceite utilizado por aviones y compuestos orgánicos, entre otros residuos contaminantes, en el agua que ingresaba a la planta potabilizadora. ¿Qué más se espera para declarar la emergencia?
Los vecinos del departamento Santa María no paran de reclamar frente al desamparo, al desinterés de las autoridades ante sus

peticiones que datan del mismo momento en que se lanzaron ambos proyectos. “No queremos que nuestra región sea un polo contaminante”, dicen.
El colectivo “Santa María Sin Basura” denuncia con argumentos concretos el desatino de la Secretaría de Ambiente. Sostengo que la lucha de estos pobladores se enmarca en el cúmulo de cuestionamientos a la política ambiental del Gobierno de la Provincia de Córdoba, en la displicencia de las autoridades a la hora de abordar la defensa del ambiente. En el peor de los casos, anteponiendo los negocios que importarán emprendimientos privados a la salud de la población. “En Santa Ana el agua no es de red, tenemos pozos, y el predio prevé enterramientos de basura hasta 50 metros, ¿quién puede asegurar que no contamine las napas?”. Es uno de los tantos argumentos que exponen, pero hay muchos más.
El incidente en Taym confirmó algo que ya había sido advertido: se trata de terrenos inundables, los canales naturales arrasan con los sembradíos de los campos y desagotan el agua acumulada hacia el este; de hecho la ruta 36 debió ser cortada y las aguas llegaron hasta el canal Los Molinos. Pero esta vez, insisto, no fue una advertencia por un eventual accidente. Sucedió lo peor: el anegamiento de la planta Taym dispersó por la región elementos contaminantes; hubo derrames de material altamente peligroso que la corriente transportó por campos y terminó en el canal.
Si algo me quedó claro de la visita que hice el fin de semana a los vecinos y vecinas que llevan adelante el “acampe” desde hace cinco meses en la ruta 36, es la legitimidad de su lucha por la salud de los pobladores del departamento.
Sostengo que las autoridades no pueden esperar que suceda algo más grave; debe declararse de manera inmediata la emergencia ambiental, al menos para todo el departamento Santa María.

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