No hay verdad ni memoria, sin justicia.

No hay verdad ni memoria, sin justicia.

El hoy muy mencionado 2×1 es una medida dirigida a contener el uso descontrolado de la prisión preventiva sobre los mismos de siempre; sobre aquellas personas a las que la policía encierra para que algún día alguien en el poder judicial condene.

La ley 24.390, hoy derogada computaba doble cada día que una persona se encontraba privada de su libertad, pasado los dos años, antes del dictado de una sentencia condenatoria en juicio firme.

En los últimos días la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dictó un fallo inaudito que busca ampararse en la ley más benigna, pero aquí surge el punto más controvertido: ¿Qué ley hay que aplicar?. Centrándonos en este caso puntual y conociendo que los delitos de Lesa Humanidad son considerados permanentes ya que tienen un estado consumativo que se prolonga en el tiempo, porque la desaparición forzada de personas y la supresión de identidad de menores son delitos que se siguen cometiendo hasta que no aparezcan los compañeros o el menor recupere su identidad. Por todo esto es que intento responder la pregunta qué ley debe aplicarse: si la que rige al comienzo o la que se sanciona después y antes de que cese la privación de libertad. Es decir, de todas las leyes que tienen vigencia mientras se sigue cometiendo el hecho, ¿cuál se aplica, dado que el hecho se comete en vigencia de todas ellas? Como respuesta a todo esto, la doctrina Argentina y más precisamente Zaffaroni, entiende que debe aplicarse la ley que estaba vigente al momento del comienzo del hecho.

Los pactos internacionales reconocidos por nuestra constitución, vedan cualquier figura que acorte una pena de esta naturaleza. Pero sin embargo la actual CSJN, hace alrededor de dos meses afirmó que ningún fallo de la Corte Interamericana era vinculante, violando compromisos internacionales e incumpliendo con la obligación de investigar, perseguir y responsabilizar los crímenes de Lesa Humanidad.

Esta horrorosa interpretación de la ley reduciría la mayoría de las condenas a genocidas juzgados por delitos aberrantes 40 años más tarde, permitiendo que alrededor de 750 autores del terrorismo de Estado en Argentina, queden habilitados para pedir el 2×1 porque se encuentran presos sin condena firme.

Más allá de los esfuerzos del gobierno Nacional por mostrarse molesto con la resolución del fallo de la CSJN que reduce la pena a un condenado por crímenes de Lesa Humanidad, porque supuestamente se contradice con su política de Derechos Humanos. Este fallo tiene complot, porque el debate no nos debe impedir visibilizar que detrás de todo esto hay política, que en el derecho hay política.

La decisión tomada por los tres jueces, formando una nueva mayoría también es política porque los tres deben sus cargos al presidente Mauricio Macri. Tanto Carlos Rosenkrantz como Horario Rosatti fueron designados en la actual corte por decreto del Presidente y Elena Highton permanece en su lugar más allá de haber superado el límite de 75 años que establece la Constitución Nacional, obteniendo este beneficio por decisión de Poder Ejecutivo Nacional.

Por todo esto, puedo afirmar que hay una primacía del poder político por sobre el razonamiento jurídico, porque el voto de la mayoría sostiene la aplicación de la ley penal más benigna sin excluir a nadie, por encima de tener en cuenta la atrocidad con la que se cometieron los delitos de Lesa Humanidad.

 

Autora: Maria de los Angeles Maza.

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