Toneladas de desidia, montañas de basura

Toneladas de desidia, montañas de basura

Por Maria Luz Cammisa – Mgter. María Luz Cammisa y Asesora de la senadora Norma Morandini (MC)

En la audiencia pública convocada en abril de 2016 por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático para cumplir las exigencias que la Ley N° 10.208 impone a todo proyecto de alto impacto, como es el Centro Ambiental de Villa Carlos Paz, planteamos críticas al Estudio de Impacto que presentó el municipio al solicitar la Licencia Ambiental, pero desconocíamos entonces que no estábamos ante una instancia efectiva de participación ciudadana sino cumpliendo un “protocolo”: ninguna de las objeciones allí expuestas fueron respondidas, asimiladas ni consideradas por los funcionarios en sus decisiones.

El mecanismo de Audiencias Públicas tiene la finalidad de institucionalizar y garantizar la participación ciudadana antes de la toma de decisiones por parte de las autoridades responsables. En aquella audiencia nos encontramos ante hechos consumados, las obras habían sido licitadas y pre adjudicadas antes de escuchar a los ciudadanos y anulando de hecho cualquier modificación que pudiese surgir en el debate. Así, la participación se convertía en convalidación, vulneraba las normas y hasta las condiciones del crédito del BID con un agravante: el dictamen de la Comisión Técnica Interdisciplinaria para la Evaluación del Impacto Ambiental (CTI) condicionaba la aprobación de la obra en tanto se cumpliesen reformulaciones, imposibles de ser implementadas en medio del proceso licitatorio.

En nuestra exposición, además de señalar los impactos que el nuevo Centro podría ocasionar a la Reserva Natural de la Defensa La Calera, explicamos que ese EsIA no precisaba los efectos de los vientos sobre la población localizada en las inmediaciones del proyecto, que tan sólo refería que “se encuentra a una distancia de unos 3,5 km por vías de tránsito vehicular de la intersección de las avenidas España y San Martín”, sin establecer la distancia entre el límite del predio y el área urbana más próxima que ahora, con fundamento, señalan los vecinos de San Nicolás.

También observamos que no se determinaron las líneas de base ambientales, incumpliendo con el artículo 19 de la Ley 10.208, cuya observancia permitiría a los vecinos corroborar en qué medida el proyecto modificará su hábitat, y que los parámetros de evaluación del suelo eran imprecisos e ignoraban posibles efectos sobre el Lago San Roque.

Analizamos el dictamen de la CTI y destacamos que éste recomendaba seis años de vida útil del módulo de la disposición final de los RSU, que luego debía trasladarse fuera del área de la cuenca y que resultaría desaconsejable concentrar en esa localización nuevas instalaciones potencialmente impactantes sobre el ambiente, “ya que se encuentra en las proximidades del Área Natural ‘Reserva Militar’ y en área con posible drenaje al Lago San Roque”.

Para completar la cadena de tergiversaciones, pocos días después de la audiencia pública, la Autoridad de Aplicación incorporó al expediente un nuevo dictamen de la CTI en el que sin ningún tipo de fundamentos técnicos se desdecía de las condiciones impuestas originalmente al proyecto y recomendaba se otorgase la licencia ambiental.

Ante el flagrante incumplimiento de la Ley que expuso el proyecto del Centro Ambiental de Carlos Paz, no debería sorprendernos ahora que el Gobierno provincial licite obras inconsultas como el proyectado puente sobre el Lago San Roque y el anulado Dique en el arroyo Carapé; que se autoricen proyectos en la zona roja de protección de los bosques como en El Gran Dorado; que se intente dar por cumplida la exigencia de participación ciudadana en el debate de la nueva ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos cuando ni siquiera se ha validado la herramienta que le dará origen, y tampoco que se dicten resoluciones para neutralizar la opinión de la ciudadanía cuando ésta incomoda a los funcionarios.

El proceso de aprobación del Centro Ambiental de Carlos Paz de algún modo anticipó lo que hoy constatamos como una certeza: la distorsión de la voluntad ciudadana, la deficiente gestión de nuestros recursos naturales y, sobre todo, la irresponsabilidad de quienes tienen en sus manos el deber de hacer cumplir la ley, la única garantía que tenemos para no padecer mañana lo que no supimos reclamar a tiempo.


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