¿Qué es el “Juicio a los magistrados”?

¿Qué es el “Juicio a los magistrados”?

En Córdoba por primera vez, se juzgará la complicidad de funcionarios judiciales durante la última dictadura cívico-militar. La “corporación judicial” tendrá a cuatro imputados en el banquillo de los acusados.

Un factor determinante a la hora de pensar en la impunidad de genocidas durante la última dictadura y su sistemático plan de exterminio, es el apoyo y encubrimiento de integrantes de la justicia en aquel momento. Los cuales en sus manos poseían denuncias de torturas y desapariciones pero optaron por no investigar y hacer oídos sordos.

El inicio del juicio está previsto para finales de Julio, quien tendrá como imputados a cuatro ex funcionarios judiciales: el ex juez Miguel Ángel Puga, el ex fiscal Antonio Sebastián Cornejo, el ex secretario penal Carlos Otero Álvarez y el ex defensor oficial Ricardo Haro. El ex fiscal Ali Fuad Ali y el ex defensor oficial Luis Eduardo Molina, fueron apartados de la causa porque el tiempo biológico les hizo un guiño a su impunidad y actualmente acusan problemas de salud.

Los cuatro ex Magistrados están imputados bajo la caratula de “abuso de la autoridad y violación de los deberes de funcionario público, incumplimiento de la obligación de perseguir delincuentes y encubrimiento de delitos de lesa humanidad” cometidos durante la última dictadura militar.

Estos delitos son denominados “delitos funcionales” debido a que un funcionario judicial a la hora de tener conocimiento de un hecho delictivo, está obligado a investigar o hacer una denuncia. Acciones que no realizaron los imputados cuando estaban en función. En la mayoría de los casos, las denuncias que recayeron en sus manos datan del año 1976. Allí centenares de testigos dieron cuenta de desapariciones, torturas, fusilamientos por falsos intentos de fuga a presos políticos de la Unidad Penitenciaria Nro 1 y del Departamento de Informaciones D2.

Efectivamente por primera vez se juzgará la complicidad civil, un punto de partida que tardó muchos años pero que la sociedad (víctima en su conjunto, directa o indirectamente) seguirá esperando y luchando bajo las consignas claras de “Memoria, Verdad y Justicia”.

Facundo Trotta, Fiscal Federal que también llevó a cabo la investigación y posterior pedido de elevación a juicio, declaró para Radio Gen 107.5: “Sin lugar a dudas, si la justicia hubiese estado a la altura de las circunstancias, la dictadura  no hubiese golpeado de la manera que lo hizo, con ese grado de impunidad. Las víctimas que habían sido secuestradas y torturadas acudieron a ellos. Cuando la justicia mira hacia otro lado, es un guiño de impunidad a que esos criminales siguieran cometiendo esos delitos”.

Un juicio histórico que se viene postergando

El inicio del proceso de enjuiciamiento que en su momento estaba previsto para el 27 de Abril, viene retrasándose por distintas cuestiones: En un comienzo las querellas realizaron el planteo de inhibición al juez Falcucci (quien presidirá el tribunal una vez comenzado el juicio) por su relación con el Juez Jaime Díaz Gavier, quien había declarado el pasado mes de noviembre estar “dolido” por la situación que atraviesa el imputado “Otero Álvarez”.

Teniendo en cuenta que los imputados cumplían funciones en el ámbito judicial hasta hace muy poco, se especulaba con el posicionamiento afectivo del tribunal quien llevará adelante el juicio. Finalmente Falcucci rechazó el pedido de apartamiento, al igual que los jueces que habían sido designados para integral el Tribunal, Quiroga Uriburu y Reynaga.

Poco tiempo después, el Juez Reynaga planteo “imposibilidad” de integrar el cuerpo de jueces debido a su papel de juez sub rogante en otra causa de delitos de lesa humanidad (operativo Independencia en Tucumán). De esta manera Falcucci desintegró el Tribunal y en tiempo record La Cámara de Casación Penal, designó a la juez santafecina María Ivón Vella, quien declino adjudicando argumentos similares de los de Reynaga.

Al momento de desintegrar el Tribunal, tanto el fiscal Gonella, como los abogados querellantes se opusieron aduciendo: “Recurrimos ante esta situación debido a que no correspondía desintegrar un tribunal por no haber causales que justificaran el apartamiento de Reynaga. Las causales son cuando se prejuzga o da una opinión en el pleito por tener algún interés en la causa. En este caso simplemente era la imposibilidad temporal, pero no nos hicieron caso”.

Finalmente fue llamado el Juez Jorge Sebastián Gallino. De esta manera el Tribunal que llevará delante el juicio estará conformado por Julián Falcucci, José Camilo Quiroga Uriburu y Jorge Sebastián Gallino. La fecha fijada es el 25 de Julio, sin posibilidad de modificaciones salvo alguna irregularidad que pueda surgir.

En el marco de las audiencias en los cuales las victimas del terrorismo de Estado declararon por el año 2008, denunciaron que los ex funcionarios optaron por eludir actuar ante los crímenes de los militares cuando muchas veces, esas denuncias habían caído en sus manos.

Con el retorno de la democracia y la política que de Derechos Humanos que implementó Alfonsín durante el principio de su gestión a través de la CONADEP,  se denunció a uno de los imputados: Otero Álvarez. El por entonces secretario penal sobreceyó sin investigar 31 fusilamientos de presos políticos ocurridos en la Unidad Penitenciaria Número 1. En el año 2008, paradójicamente, integró el Tribunal Oral que dictó la primera condena al genocida Luciano Benjamín Menéndez.

En el caso de otorgar una condena a los ex magistrados, sin lugar a dudas, sería uno de los hechos judiciales más importantes en la historia Argentina. La corporación judicial, esa que siempre se sintió impune y resguardada, vería resentido su círculo de poder.

La sociedad lleva arraigada una memoria colectiva que condenara para siempre a todos los responsables de la historia más oscura de esta nación y saldrá a las calles como lo viene haciendo cada vez que los derechos humanos y la memoria de 30.000 ciudadanos desaparecidos sea insultada. El repudio al 2×1 de la corte, la negativa generalizada al pedido de reconciliación del episcopado y las políticas de olvido como corriente que ejerce el neoliberalismo son una demostración del compromiso del pueblo, el cual después mucho tiempo, espera que se salde la deuda de una reparación histórica juzgando a la parte civil por primera vez desde el año 1983.

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