David Moreno: Casi 16 años de impunidad de una justicia selectiva

David Moreno: Casi 16 años de impunidad de una justicia selectiva

David fue asesinado por el Estado y las fuerzas de seguridad el 20 de diciembre de 2001, por aquel entonces el joven tenía apenas 13 años.

La muerte de David Moreno en manos del Estado, sin lugar a dudas, ha marcado el poder de impunidad de los sectores poderosos. Una causa cajoneada, un homicida material que sigue en funciones y una justicia que no rosa ni un poco a los ex gobernantes del 2001.

Las políticas de un estado neoliberal, la falta de sensibilidad social que se venía gestando desde el menemato, la inoperancia de la alianza que gobernaba el país presidida por Fernando de La Rúa, las relaciones carnales con los organismos financieros foráneos, fueron algunos de los ingredientes que llevaron a padecer hambre al pueblo argentino, incluso mucho peor, en consonancia con sus políticas, el Estado asesinó na 39 personas durante el 19 y 20 de diciembre del 2001, entre ellos, un joven niño, con la inocente edad de 13 años, un niño de nombre David Moreno.

El estallido social provocado por la ineptitud política en toda su expresión, se manifestó en saqueos en distintos supermercados del país. En Córdoba, el 20 de diciembre, vecinos de “Villa 9 de Julio” en la zona de Arguello se congregaron frente al supermercado “MiniSol”, en la calle Piedra Labrada 8000. Ese jueves a las 15.00 hs, la Policía de Córdoba disparo balas de plomo. Tres de ellas impactarían en Moreno, cerrando sus ojos para siempre.

Ese día David, quien poco entendía a su edad que era una “fuga de capitales”, al cual no mucho le sonaban nombres como los de Fernando De la Rúa, José Manuel De la Sota, Domingo Cavallo, quien no comprendía porque cerca de las fiestas no alcanzaba la plata para comprar un pan dulce, muchos menos de la brutal cacería que se venía sucediendo desde el día anterior, sintió lo que cada niño siente: curiosidad. Esa curiosidad fue un escenario perfecto para la represión ante un pequeño grupo de vecinos los cuales ni siquiera actuaron de forma violenta dado que al primer disparo huyeron del lugar.

Una justicia que pesa a favor del poder

La cantidad de años de impunidad no permiten dejar vivir tranquilos a los padres de David, ni a sus hermanas y hermano, tampoco a todos esos adultos que en su momento supieron jugar un “picadito”, la rayuela o las “bolitas” con él.

En el tiempo transcurrido la justicia se encargó de cajonear la causa hasta este año que volvió a reanudarse el juicio. En el proceso, los familiares de David recibieron amenazas contra su integridad física y presiones de diversos sectores.

El principal acusado es el oficial del cuerpo de policías Hugo Ignacio Cánovas Badra. En 2004 la Cámara sexta del Crimen de Córdoba le entregó la libertad al imputado pero no lo desvinculo de la cusa. En ese momento se le adjudico el beneficio de “falta de pruebas” y la justicia aseguraba que profundizaría su investigación sobre la estructura de la policía y la esfera de la cual depende. Nunca se avanzó desde el poder judicial en los cargos jerárquicos más importantes que asesinaron a Moreno.

Junto a Cánovas Badra (quien en este tiempo siempre continuó como funcionario público) están imputadas las policías Daniela Alejandra Adán y Laura Estela Freira, ambas por brindar falsos testimonios referido a la entrega de municiones con entrega de plomo y por ende entorpecer la investigación.

 

La realidad del caso dejó (una vez más) en evidencia que la impunidad le guiña el ojo a quienes permanecen (y seguirán permaneciendo) en las estructuras de poder: afuera de la causa quedaron Luis Omar Farías, quien ese día estuvo encargado del operativo y no cuidó la escena del crimen, con sólo una multa de 750 pesos en el año 2010, adquirió su impunidad. El mismo rumbo tuvieron el Jefe de la Patrulla Preventiva Norte, Juan Antonio Pesci y el Sub Comisario Pucheta. Todo esto sin tener en cuenta que la justicia ni siquiera le toco el hombro a quien presidió el desastre estatal, Fernando de a Rúa y el por entonces gobernador provincial José Manuel De la Sota, quizás el hombre más poderoso en Córdoba en la actualidad.

El aparato burocrático está en deuda no solo con David que lleva esperando justicia más años que el tiempo de vida que le permitieron disfrutar, sino con toda la ciudadanía que no asimila tanta injusticia. Este juicio deberá explicar el rol de los jefes policiales, profundizar sobre la responsabilidad de los funcionarios estatales y esclarecer la locura generalizada de una represión desmedida.

A los 39 muertos del 2001 le siguieron Kosteki y Santillán en junio del 2002, todas víctimas del Estado, como así también los innumerables casaos de gatillo fácil que se han desenvuelto en Córdoba en el último periodo: Martín Castro, Fernando Pellico, Miguel Torres, Exequiel Barraza, Pablo Gonzales, Cristian Guevara, Santino Cabanilla, entre otros. La violencia en manos del Estado es represión y ante un Estado represivo, los sectores populares, los movimientos obreros, las organizaciones de base, los eslabones más bajos de la sociedad, son víctimas de un plan sistemático que queda en las sombras y son de mero descarte para el sector judicial.

Casi 16 años de impunidad del asesinato de David Moreno

 

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