Violencia de género en el hogar: respuestas del Estado para mujeres que necesitan un lugar para vivir

Violencia de género en el hogar: respuestas del Estado para mujeres que necesitan un lugar para vivir

374 mujeres reciben becas del Estado para alquilar en la ciudad de Córdoba porque tienen que abandonar el hogar donde conviven con el agresor. En el 9% de los municipios y comunas de la provincia hay un refugio para albergar a mujeres en situación de violencia. Pero aún queda un 91% de mujeres que después de hacer la denuncia contra el agresor no tienen a dónde ir. De los 17 femicidios que hubo en el 2017 la mayoría habían tenido un vínculo con la víctima.

 

El día anterior a la última marcha Ni Una Menos la policía anunció un nuevo femicidio: encontró a Ana Rosa Barrera que llevaba casi una semana desaparecida. Quien señaló el lugar donde estaba enterrado el cuerpo al costado de la ruta 5 que une Córdoba con Alta Gracia fue Marcelo Ferraretto, su pareja. Según el Registro Nacional de Femicidios, de los 254 casos registrados en Argentina durante el 2016 el mayor porcentaje de víctimas conocía al agresor: 164 femicidas eran pareja o ex pareja de la víctima. En Córdoba también. Hasta octubre se registran 17 femicidios en la provincia en los cuales la mayoría de los femicidas también habían tenido un vínculo con la víctima.

 

En los hogares donde hay mujeres en situación de violencia el agresor muchas veces es también el proveedor y limita el acceso de la mujer a los recursos económicos. Uno de los puntos críticos del ciclo de la violencia de género que atraviesan las mujeres se configura cuando, después de haber hecho la denuncia, la asistencia económica no llega a tiempo y tienen que volver al hogar donde conviven con el agresor.

 

Los refugios transitorios que ofrece el Polo Integral de la Mujer se convierten en un  alojamiento seguro para mujeres en riesgo o que han sido víctimas de violencias. Pero son una medida transitoria ya que a veces pueden convivir hasta 15 mujeres, cada una con un promedio de tres hijos. 35.298 mujeres fueron a solicitar asistencia al Polo desde marzo de 2016 hasta comienzos de septiembre de 2017.

 

 

 

“El que tiene que salir es el agresor por eso la justicia debiera fallar o tomar medidas con perspectiva de género. Siempre hay que priorizar a la víctima con sus hijos. En general, han sido tan sometidas que el varón es el que siempre manejó los recursos. Si hay una medida de restricción o una orden de exclusión tiene que ser impuesta al varón para que la mujer pueda seguir viviendo dentro del hogar con todas las medidas de protección que eso implica”explicó Claudia Martínez -Secretaria de Lucha Contra la Violencia a la Mujer y la Trata de Personas- en la entrevista realizada para el diario Perfil Córdoba.  

 

También está a cargo del Polo Integral de la Mujer el cual cuenta con un sistema de becas que contemplan hasta $5000 para cubrir gastos de alquiler durante 24 meses para las mujeres que necesitan abandonar el hogar donde conviven con el agresor. Actualmente hay 374 mujeres que así alquilan una vivienda. Como para dimensionar, es el equivalente a un barrio entero como Cofico o Ciudad Mi Esperanza.

Cuando la mujer decide romper con el círculo de la violencia y hacer la denuncia puede acceder a dos tipos de ayuda económica: una primera beca por 3 meses donde le otorgan $3000 cada mes y otra beca por 24 meses de $2000. Ambas pueden solicitarse en el Polo.También pueden acceder a una obra social: actualmente 731 personas, entre mujeres y sus hijos, cuentan con APROSS.

 

“En el Polo de la Mujer hay una mesa de entrada donde las administrativas que atienden no son profesionales formadas con perspectiva de género y son precisamente quienes reciben a las mujeres en situación de violencia. Los escasos recursos humanos formados con perspectiva de género que existen tanto en el Polo de la Mujer como en las unidades judiciales es una de las principales críticas al Estado”explicó Luisina Martínez en la entrevista realizada para el diario Perfil Córdoba. Luisina es trabajadora social e integrante de la organización MuMaLa (Mujeres de la Matria Latinoamericana), y está dedicada especialmente a casos donde hay mujeres que sufren violencia de género.

 

Durante el último viernes de septiembre estuvo en el centro de salud de La Calera donde esperó a una mujer que nunca llegó porque estuvo toda la mañana haciendo una denuncia en la unidad judicial de la zona: el agresor había logrado entrar a la vivienda pero ella pudo escapar.

 

“Cuando la mujer toma la decisión de abandonar el hogar con firmeza el agresor lo percibe y eso lo pone más violento. Las mujeres hacen la denuncia y no hay nada del Estado que garantice su integridad. A la señora que hacía la denuncia mientras el agresor estaba en su casa sólo le queda que la acompañe la policía que no sólo tiene falencias sino escasos recursos para acompañar a una mujer en situación de violencia”, dijo Luisina Martínez.

 

Hay un lapso de tiempo entre el momento en que la mujer hace la denuncia y el momento en que recibe una respuesta estatal en que queda en estado de indefensión, a veces hasta sin recursos económicos. Nadie controla que no se viole una orden de restricción ni de exclusión después de realizada la denuncia. Después de hacer la denuncia la violencia aumenta entonces las medidas de protección deben aumentar para proteger a la mujer.

 

“El Estado no brinda una atención integral a las mujeres que están en situación de violencia. Todavía falta que se transforme en política de Estado. El déficit más importante tiene que ver con la falta de recursos humanos capacitado especializado y en buenas condiciones laborales para trabajar con mujeres en situación de violencia. La sociedad está en un momento de mayor sensibilización y el Estado no está a la altura de este nivel de alerta en el que se encuentran las mujeres”, asegura Betiana Cabrera Fasolis también integrante de MuMaLá, organización de mujeres en la que frecuentemente reciben pedidos de asistencia: son mujeres en su mayoría que no les toman la denuncia cuando deciden hacerla por considerar que las situaciones no configuran casos de extrema peligrosidad.

 

Lo personal es político. Claudia Martínez explica que no podemos conocer lo que sucede hacia adentro de los hogares pero “la violencia de género dejó de ser una cuestión privada para ser una cuestión pública”. También reconoce que los recursos que ofrece el Estado no son suficientes si no hay un abordaje integral. “Hay que darles garantías a partir del momento en que deciden salir de esa situación, ya ahí el Estado tiene que estar presente y todos los dispositivos deben funcionar. No podemos pensar que una mujer va a salir de una situación de violencia si no trabajamos de manera conjunta. Si no tenemos una justicia con perspectiva de género y si no deja de haber impunidad frente a los agresores va a ser muy difícil, aseguró.

 

Mujeres desprotegidas en el interior

En Córdoba la mayoría de los femicidios ocurren en el interior. En la Provincia existen al menos 38 refugios transitorios para alojar a víctimas de violencia. Eso implica que sólo en el 9% de los municipios y comunas de Córdoba hay un refugio para albergar a mujeres en situación de violencia. Pero aún queda un 91% de mujeres que después de hacer la denuncia contra el agresor no tienen a dónde ir.

 

 

“La escasa disponibilidad de estadísticas y estudios de impacto sobre las políticas aplicadas que permitan evaluar su funcionamiento y proponer mejoras constituyen el gran déficit de los gobiernos actuales”, asegura un informe de la Universidad de Villa María que incluye un relevamiento provincial de los recursos existentes en materia de prevención o asistencia a mujeres en situación de violencia.

Según el informe de la Universidad de Villa María, un 48 % de los municipios y comunas de la provincia de Córdoba manifestaron realizar una intervención de carácter prevencionista. Un 50,60% de las localidades ofrecen asistencia legal. Por otra parte un 58% plantearon realizar una asistencia de carácter psicológica y un 12,5% optan por otras modalidades de intervención como por ejemplo asistencia económica a las víctimas. Con un bajo porcentaje de refugios a disposición de las mujeres en situación de violencia y escasas herramientas económicas en el interior de la provincia la situación es más vulnerable: de los 17 femicidios que hubo en Córdoba en el 2017, 15 ocurrieron en el interior.

A partir del mapeo realizado, la Secretaría de Lucha Contra la Violencia a la Mujer y la Trata de Personas, dará inicio a la conformación de la Red Municipalista de Lucha contra las Violencias a la Mujeres para planificar acciones y descentralizar recursos en todo el territorio provincial.

“Al tener el mapa dividido en regiones vemos dónde faltan refugios. Son espacios de medio camino hasta que la mujer encuentre donde alquilar”, explica Claudia Martínez en la entrevista realizada para el diario Perfil Córdoba. Ayer jueves en la ciudad de Villa María inauguraron el primer Polo de la Mujer en esa ciudad, donde podrán solicitar asistencia las mujeres de Villa María y de los municipios de la zona. Sólo en 2017 hubo 6 femicidios en esa zona.

 

 

*La nota original fue publicada en el diario Perfil Córdoba

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