CUS: Una vieja práctica en Córdoba

CUS: Una vieja práctica en Córdoba

La Cobertura Universal de Salud, que propone como novedad el Gobierno Nacional como la solución a la administración pública de salud, es conocida desde hace tiempo en la provincia de Córdoba y derivó en los problemas actuales que atraviesa el área. Los Organismos financieros han puesto el foco entendiendo que la salud es garantía de negocios millonarios. ¿El costo? distribución diferente entre la clase social alta y la clase social media baja. 

Previamente, habría que remontarse a las secuelas que dejó la Segunda Guerra Mundial con el genocidio de 200 millones de personas. Esto generó el origen de Organismos Internacionales como Naciones Unidas y  Unicef, los cuales implementaron estrategias para hacer un mundo más humano. De esa manera, acompañaron las iniciativas de la Organización Mundial de la salud, la cual daba las pautas para implementar la universalidad del sistema.

Entrada la década del ’70, probablemente haya surgido el momento de mayor lucidez en políticas internacionales de salud, cuando se ejecuta la propuesta en Atención Primaria de la Salud (APS) y la propuesta de Medicamentos Esenciales. El objetivo principal era llevar a la salud más cerca del pueblo. Pero como los dueños del poder y del capital suelen hacer, empezaron a percibir el negocio. Cuando los organismos financieros empiezan a estudiar que la salud era una manera de enriquecer sus arcas, entendieron que como mercancía la enfermedad era una gran oportunidad.

De esta manera se puede entender el desplazamiento de los trabajadores de la salud por los aglomerados de complejos como los de “médico financiero” y “medico industrial”. Los organismos internacionales de crédito (con el banco mundial a la cabeza), desplazan en el año 1983 a la Organización Mundial de la Salud de este lugar tan importante que tenía. Manteniendo en vida vegetativa a dicho organismo y planteando a sus afiliados, los países centralizados, que existía la oportunidad de negocios. En contraposición, los países periféricos ante esta situación muestran su preocupación y proponen racionalizar el sistema. Dos puntos de vista distintos.

En 1993 es invitada a la ciudad de Córdoba una médica y sanitarista, Cristina Laurel, una de las figuras más representativas de la corriente de la medicina social en América Latina y una estudiosa acérrima de los negociados de los Organismos Financieros. Laurel, en una conferencia de prensa expuso en que consistían las reformas del Banco Mundial y los Organismos Multilaterales de crédito sobre la administración de salud.

La especialista desmanteló las ideas de estos poderosos: buscaban una administración privada de los fondos, sutilmente llamado por el Banco Mundial como “gerenciamiento, autogestión o descentralización”. Ésta fue la primera generación de las reformas del Banco Mundial, establecida en Córdoba como prueba piloto. La primer acción fue entregar carnets para los ciudadanos más vulnerables y decirles que ahora tenían lo mismo que las personas que pagaban una obra social privada. Es por ello que existía un doble objetivo: por un lado, que la gente sintiera que solamente valía por su carnet, cosa que iban a aceptar sus beneficiarios porque incurrían en la lógica “soy igual a los que tienen trabajo bien remunerado y pueden acceder a mejor salud” y por otra lado, descentralizar los hospitales públicos.

Laurel remarcó en esa misma conferencia de prensa que lo que se le iba a entregar a las personas (los carnets) era una burla, dado que obtenían infinitamente menos beneficios debido a que los montos jamás serían iguales entre las personas de una clase social ostentosa y las personas pertenecientes a la clase media baja; y que el otro punto pasaba por la administración privada de obras sociales de estos lugares gerenciados. Inclusive en los hospitales públicos se maquillaba la maniobra de la pseudo privatización asegurando un “autofinanciamiento” y que debían ser desconcentrados del poder central y que cada provincia generara un autonomía. De esta manera con el correr del tiempo, sería derivado a los municipio y trasladarlos a la gente.

Más allá de las advertencias de Cristina Laurel en la conferencia de prensa que dio en la ciudad, el gobierno de Ramón Mestre en el año 1995 hizo caso omiso y decidió plantear entregar carnets para los cordobeses. A su vez, le plantea al IPAM (Instituto provincial de Atención Medica) que se le abonaría por cada carnet que se incorporara un monto de $3,50 por mes.

“Lo que se calculaba de promedio por mes del gasto de cada afiliado que tenía la obra social por ser afiliado era 35. Era evidente que no existía posibilidad alguna de que esta guita alcanzara” aseguró el medico diplomado en Salud Publica, Horacio Barri al ser consultado por Radio Gen.

Con la asunción en la gobernación de José Manuel De la Sota en el año 1999, se implementaría el gerenciamiento del IPAM. “El objetivo a las gerenciadoras era lograr una tasa de ganancia del 20%”, afirmaba el Ex jefe del departamento de Planamiento, Horacio Barri.

La intención de De la Sota era transformar el IPAM en una asegurado de riesgo, hecho que terminó ocurriendo. Vemos que el Apross en justamente eso, una asegurado de riesgo. Fue la única provincia del país en que se hizo.

Se comprobó que los organismos que representan (salvo escasas excepciones) a la salud pública nacional, provincial y municipal no reaccionaban ante esta avanzada a los hospitales y centros médicos. La salud pública provincial se vio notablemente perjudicada. Esto no solo repercutió en los usuarios sino también afectó a los trabajadores del área, los cuales soportan maltratos siendo el recurso más eficiente y más barato que tiene la salud.

Es por ello que estos antecedentes en la provincia, ponen en alerta y evidencian el esquema que intenta implementar Cambiemos, un esquema cuyo objetivo tiene como fin retirar al Estado de ese rol garante de la salud de la gente para que los organismos financieros brinden no una cobertura de salud, sino una de enfermedad.

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