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Paren la mano, basta de gatillo fácil

#GatilloFácil

Paren la mano, basta de gatillo fácil

Paren la mano, basta de gatillo fácil

De acuerdo al informe de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), durante los tres años de gestión de Macri se han elevado a más de 700 casos de gatillo fácil y que se repiten constantemente.

Los casos de “gatillo fácil” han aumentado ya que la mayoría de los funcionarios policiales avalan que el suceso es por legítima defensa. Recordemos que uno de los casos mas controversia, ocurrido en 2017, fue el del policía Luis Chocobar quien se lo acusa de disparar sin aviso, asesinando de un tiro en la espalda a un joven de 18 años identificado como Pablo Kukoc.

Según las versiones, indican que el joven se encontraba en el barrio de La Boca, Buenos Aires, asaltando a un turista estadounidense para quitarle su cámara fotográfica, a quien atacó con un arma blanca tras oponerse al robo, el turista recibió 10 puñaladas de Kukoc. En teoría, el policía le dio la orden de alto al joven, y tras oponerse y escapar, el oficial le disparó por la espalda ocasionándole la muerte tras estar 4 días internado.

Ahora fue el turno de Facundo Ferreira, el jueves 8 de marzo dos policías tucumanos lo asesinaron de un disparo en la nuca, tenía solo 12 años. Que el asesinato haya sido por la espalda y que la víctima no se encontrara huyendo ni cometiendo ningún delito (según una de las versiones), constituye agravantes muy serios. Pero si eventualmente los involucrados hubieran cometido un hecho delictivo , lo que aún no se constató, no habría sido un atenuante a disparar: nadie está autorizado a asesinar y muchísimo menos un policía.

La sociedad y los medios solo repiten frases sin argumentos, señalando con el dedo: “Pero salvó a un turista, se merecía morir por robar”, “¿Que hacía a esa hora en la calle?, ¿Y dónde estaban los padres del pibe?”, “Era un delincuente que se juntaba con drogones”.

En el relato de Chocobar, varios miembros del Gobierno y de la prensa, manifestaron públicamente su apoyo al oficial de policía y cuestionaron la medida Judicial aunque el proceso aún sigue abierto. Los hechos generaron la preocupación de organismos de derechos humanos.

La jefa de seguridad, Patricia Bullrich dijo que “la policía no es culpable en un enfrentamiento”, entonces ¿cómo debemos interpretar la persecución a un ladrón, tras haber herido a un turista, que luego fue rematado por la espalda cuando ya se encontraba en el suelo y no representaba ninguna amenaza para Chocobar?.

Mariana Carmona, representante de CORREPI Córdoba, nos da su opinión del caso:

“Conceptualizamos la ‘Doctrina Chocobar’ entendiendo que este Gobierno, puntualmente, fue mas represivo que los anteriores. Se está asesinando a una persona en manos de una fuerza armada del Estado cada 23hs. En Chocobar hay un ‘guiño de ojo’ en cuanto a lo que el policía realizó, hubo un reconocimiento. Bullrich no solo avaló ese accionar sino que también lo hizo con Rafael Nahuel y la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado”.

Por otro lado, el ministro de seguridad de Tucumán, justificó el fusilamiento de Facundo Ferreira diciendo que la pregunta en cuestión era “¿qué hace una criatura de 11 años fuera de la casa?, ¿dónde están los padres?. Hay cuestiones que el Estado no se puede hacer responsable”.

Pero nosotros podríamos preguntarnos: ¿Qué hizo el Estado por Facundo?. La paradoja de un Estado que señala el descuido y la responsabilidad de la familia pero que guarda total responsabilidad que al niño lo mataron por la espalda por el simple hecho de estar arriba de una moto de noche, estigmatizan a una criatura argumentando que “es de un barrio pobre, salió a robar”, hecho que no implica su fusilamiento.

Pero de la política de represión no se habla, no se trata, mientras tanto el Gobierno reivindica el derecho del policía a ejecutar extrajudicialmente y empuja a todas y todos los uniformados a ejercer esa fuerza en casos como este. Tenemos a una sociedad y a los medios de comunicación que “desvían los ejes y es importante el rol de los medios contra hegemónicos”, afirma Carmona.

“El juego de este Gobierno es la construcción de un discurso simbólico que legitime ese accionar, la sociedad se cree ese discurso y no lo ponen en cuestión. La voz de los comunicadores permite interpelar ese discurso”.

Según informes oficiales de Correpi, en 2013 hubo 83 civiles muertos por disparos de agentes federales, en 2014 hubo 96, en 2015 hubo 83, en 2016 hubo 46 y en 2017 hubo 38.

Actualizando parcialmente los datos publicados en diciembre de 2017, este organismo afirma que se registraron 774 personas asesinadas por alguna fuerza de seguridad del estado desde el inicio de la gestión de Cambiemos.

“Se hacen muchas campañas contra la política de represión. Queremos generar conciencia mediante charlas, dando talleres, espacio que nos permite hablar con la sociedad y poner en cuestión esto que los medios de comunicación batallan 24/7, ¿qué estamos defendiendo como sociedad?, ¿a un policía que asesina niños?, ¿esa es forma de combatir el delito? si es que hubo delito”, concluyó la representante de Correpi Córdoba. 

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