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El Gobierno Nacional avanza para habilitar agrotóxicos sin restricciones

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El Gobierno Nacional avanza para habilitar agrotóxicos sin restricciones

El Gobierno Nacional avanza sobre un proyecto para habilitar las fumigaciones con glifosato en todo el territorio nacional, sin límite en las zonas de aplicación. Lo hace con la creación de un “Grupo de Trabajo sobre Buenas Prácticas en Aplicaciones de Fitosanitarias”.

El anuncio se realizó el 11 de julio pasado, y estuvo a cargo de un grupo interministerial integrado por los ministros Bergman de Ambiente, Barañao de Ciencia y Tecnología, Rubinstein de Salud y Etchevehere de Agroindustria.

Este grupo cumple todos los pedidos de las empresas: no fijando distancias mínimas para proteger a la población, no tienen en cuenta los efectos crónicos de los agroquímicos en las personas, no abordan el impacto tóxico de la mezcla de químicos; e invisibiliza cientos de estudios científicos de universidades públicas que dan cuenta de las consecuencias de los agroquímicos.

Mientras que en distintas provincias como Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe se está prohibiendo el uso de glifosato para realizar fumigaciones, desde el Gobierno Nacional impulsan el uso de Buenas Prácticas Agrícolas en el sistema de producción de la misma.

De esta manera, el Gobierno hizo propio un concepto impuesto por las empresas: “Buenas prácticas agrícolas (BPA)”. Impulsado por la Asociación de Siembra Directa (Aapresid), empresarios con gran poder de lobby.

Las BPA prometen que si realizan las fumigaciones en ciertas condiciones climáticas se podría rociar con agroquímicos hasta a diez metros de las viviendas y escuelas.

Algunos puntos claves del proyecto y las contradicciones del mismo:

  • El documento interministerial no tiene citas científicas, el texto definió que “establecer distancias y superficies no es esencial en una zona de amortiguamiento”.
  • Negaron las publicaciones científicas que demostraron la presencia de agrotóxicos en ríos, lagos, agua de lluvia, alimentos, así como las que evidencian los daños en la salud de las personas y comunidades expuestas a estos químicos, reconocidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, más conocida por la sigla FAO.
  • El proyecto parece tener dos objetivos, el primero es frenar la aprobación de normativas que restrinjan el uso de agrotóxicos, desprotegiendo aún más a las comunidades ya afectadas. El segundo es cargar la responsabilidad de los daños que generan los venenos sobre los hombros de los productores y aplicadores.

El ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, dijo: “Si se aplican determinadas buenas prácticas agrícolas la actividad es inocua para la salud de la población y el medio ambiente”.

Mientras que el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, dijo que debe haber “una agricultura industrial para las personas que simplemente quieren comer” y otra para quienes quieran alimentarse saludablemente. “Es un fenómeno que podemos denominar como «lujo responsable» o «consumo sustentable»” reconociendo que genera “un conflicto por la presencia de residuos de fitosanitarios que en los alimentos ecológicos no se permiten. Por eso, hay una iniciativa que tiene factibilidad que es crear valles protegidos o separados del resto”.

Por último, este documento interministerial destaca que: “la delimitación de zonas de amortiguamiento es una de las herramientas disponibles en la planificación del territorio, cuya determinación concreta depende de los objetivos que se persiguen y de las características de cada localidad. Su finalidad es armonizar el desempeño económico de las producciones ubicadas en ellas con otros intereses de la sociedad”.

Destacando lo económico como lo más importante.

La salud, de la tierra, el ambiente y las personas entran en la difusa definición de “otros intereses de la sociedad”. Lo que se menciona con claridad es el “desempeño económico”.

El proyecto avanza, e irá contra los logros de muchas poblaciones en distintas provincias, para asegurar la ganancia de productores y empresas. Todo esto al parecer y según este documento está por encima de la salud de los pobladores.

¿En qué contexto se da la creación de este Grupo Interministerial?

Hace unas semanas la Justicia de California, condenó a Monsanto a pagar U$s 289 millones a un hombre con cáncer terminal, Dewayne Johnson, un jardinero que estuvo expuesto al glifosato mientras trabajó en una escuela de San Francisco.

El jurado determinó que la multinacional no advirtió sobres los riesgos para la salud que implica el uso del Roundup.

Por otro lado, en nuestra provincia, en la localidad de Canals, un grupo de vecinos autoconvocados publicó un relevamiento, donde llegan a la conclusión de que uno de cada dos personas mueren de cáncer en este pueblo del sudeste cordobés.

En el país el cáncer es causa de muerte en una de cada cinco personas, esto según el Instituto Nacional del Cáncer, dependiente del Ministerio de Salud. En Canals esta tasa es de uno de cada dos, según el informe llamado “Epidemia Silenciosa” y que fue publicado por La Nueva Mañana. Este relevamiento realizado por los vecinos autoconvocados entre 2017 y 2018, se realizó, según Martín Garay coordinador del relevamiento a partir de que: “el relevamiento se inicia por la sospecha que surge a partir de la cantidad de fallecimientos por cáncer en Canals, solicitamos en el Registro Civil el dato, y nos dijeron que en el año 2017 habían muerto solo 8 personas, un número que nos pareció irrisorio, por eso encaramos nosotros nuestro propio relevamiento. Averiguamos todos los fallecimientos del año, que fueron 111 personas, y llegamos a la conclusión de que 66 personas de esas 111 muerieron por cáncer”.

“Ahora la Universidad va a hacer un estudio sanitario ambiental, en los próximos días prometieron que van a ir a Canals, según se comprometió la Municipalidad, y eso nos diría por qué se está muriendo la gente por cáncer”, concluyó Martín Garay.

A unos pocos kilómetros de este lugar, se encuentra Monte Maíz, donde lograron que se deje de fumigar, ya sea de manera aérea o terrestre; luego que un estudio de la Universidad Nacional de Córdoba, determinara que el cáncer era la principal causa de muerte en el pueblo.

Medardo Ávila Vázque, integrante de la Red Universitaria de Ambiente y Salud y de Médicos de Pueblos Fumigados, explicó que ésta realidad se ve en gran parte de los pueblos que están cerca o rodeados por campos de soja. Identifica que el problema principal es el sistema de producción.

“El dato de Canals, muestra que en la población pasa algo muy grave. Y sucede desde hace poco. Lo único que existe como explicación, es la agricultura con venenos a la que está expuesta la población”, dijo Ávila Vázquez.

Y agregó que “la situación de Canals es gravísima desde el punto de vista sanitario y muestra cómo el Estado municipal, con la complicidad de la Provincia principalmente, son responsables. Porque le mienten a los vecinos de Canals. Y responsabilizan a los vecinos por su estilo de vida”.

El proyecto avanza y esto implica que va a poner en peligro a muchas poblaciones de las provincias que sufren o sufrieron las fumigaciones a costa de la rentabilidad para unos pocos. Avanza a pesar de los relevamientos realizados que exponen una realidad sanitaria, y en contraposición de lo que sucede en el mundo.

El documento completo lo podes leer acá

 

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