Por Jeremy Mendez
2021-05-10 12:22:36
Recientemente, en Argentina entró en vigencia el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que busca garantizar y reforzar los derechos de acceso: Acceso a la información pública ambiental, Participación ciudadana y Acceso a la justicia. Pero, primero, es bueno saber en qué situación están estos derechos y de dónde partimos.
Para ejemplificar esta situación, el abogado ambiental Juan Smith contó al programa PostMundo, de esta emisora, una situación puntual: “Se comunicaron del Foro Ambiental de Traslasierra que hace un mes, un mes y pico que le están pidiendo información pública a los municipios y comunas de Traslasierra y no les contestan”. Se trata de la obra del Acueducto que se va a realizar en ese Valle, una obra que atraviesa zonas rojas, bosque nativo y zonas arqueológicas, según explicó Smith a Gen.
Smith detalló lo que representa esta falta de acceso a la información: “Lo que está pasando es que la información pública es una garantía del sistema republicano de gobierno que se asienta en la transparencia en la gestión”, y amplió: “Se supone que quien está gobernando tiene que ser tan transparente que tiene que dar la información que el pueblo le pida, si no tiene nada que ocultar, tiene que mostrarle”. Por otro lado, también consideró que “esta cuestión de negar la información pública que hace sistemáticamente el gobierno de la provincia, los municipios y las comunas, es escandaloso desde el punto de vista de la transparencia en la gestión”.
También, reflexionó que la negación del acceso a la información genera una falta de confianza en la población hacia sus dirigentes: “Cómo podés confiar en alguien que encima está manejando las cosas comunes, las cosas de todos, si oculta la información y no la da cuando debe ser pública”.
Más tarde, habló con más precisión sobre los derechos de acceso en el área que compete al Acuerdo de Escazú: “En materia de información pública, y si la adjetivamos ‘ambiental’, es aún más grave”. Detalló que es así “porque ahí está en juego bienes que son necesarios para la supervivencia de todos los vecinos y vecinas que piden la información”.
Continuando con esto, volvió a ejemplificar con el caso del Acueducto Traslasierra: “Cuando vos pedís información sobre un acueducto, una obra que va a pasar por una zona roja, donde hay bosque nativo o donde va a pasar por un lugar donde hay una zona arqueológica donde se protegen cosas comunes de nuestros ancestros y las comunidades que vivieron antes, y no te la dan a la información... Bueno, claramente no sólo se atenta contra la transparencia en la gestión, sino que además podría afectarle la salud y la garantía del ambiente sano a las vecinas y vecinos”.
Más adelante, Smith precisó sobre la situación política de Córdoba: “Nosotros tenemos una democracia en Córdoba de muy bajita intensidad, con un gobernador autoritario, con concejales autoritarios”. También detalló que “es muy difícil que comprendan que cuando un vecino o una vecina pide información, no es por agresión sino porque quiere saber, necesita saber”. Por otro lado, explicó que en Córdoba “es muy, muy difícil acceder a la información pública”, y que “eso genera una población una incertidumbre, un sentido de poca pertenencia”.
Según Smith, esta situación “tiene muchas consecuencias, una de las que yo veo más grave es que las poblaciones nos hemos acostumbrado a que nos dirijan personas que no tienen un acreditado nivel para estar en esos lugares”. Y consideró que “es como que tenemos baja autoestima las poblaciones, entonces no nos atrevemos a votar hombres y mujeres con cierto nivel, con cierta formación, con cierta capacidad, cierta idoneidad para estar en esos lugares”.
Hablando sobre participación ciudadana, Smith explicó el marco legal que tenemos en Córdoba: “En materia de orden público ambiental, en la provincia de córdoba las audiencias no son vinculantes”. Esto quiere decir que “lo que estas audiencias públicas establezcan, puede ser dejado de lado por el secretario de ambiente a la hora de otorgar la licencia ambiental”, es decir que “podemos decir todos los vecinos que no estamos de acuerdo con determinada obra pública o privada, pero eso no significa que el secretario de ambiente deba aceptar lo que dicen los vecinos y las vecinas”. Como consecuencia de esto, Smith explica que: “eso lo que ha hecho es sesgarla participación, porque el vecino y la vecina saben que no tiene ningún sentido estar ahí”.
Además, el abogado Juan Smith consideró un momento clave en la provincia como el comienzo de la baja en la participación ciudadana: “Cuando se hizo la reforma de la constitución en 2001 el gran discurso de De la Sota era el denostar la política, el discurso fue que la política gastaba mucho”. Sobre esta modificación en la constitución de la provincia detalló: “modificamos la superestructura de lo que tenemos como reglas de conducta en la provincia, se modifica en base a un desprestigio en la política, De la Sota reforma la constitución y disminuye los estándares de participación en la provincia”.
Luego, contó que en 2007 Schiaretti “convoca una comisión de expertos para que le digan si había funcionado” la reducción de los estándares de participación. Explicó a PostMundo que “esa comisión hizo una encuesta y 7 de cada 10 cordobeses no estaban interesados en la política, el trabajo que había hecho De la Sota terminó con que 7 de cada 10 cordobeses no le interesaba la política”. Smith se mostró alarmado por estos números: “Tenemos poblaciones que no están interesadas en participar, se diezmó la participación. La gente no está comprometida, no tiene sentido se colectividad, se ha perdido. Se perdió a través de una reforma de la constitución”.
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