El día de ayer desde la Asociación Protectora (defensa del consumidor) realizamos un pedido al Director de Defensa del Consumidor, Defensor del pueblo de la Provincia y al Intendente municipal, a fin de solicitarles la intervención respecto del tema “paro de transporte”.
Nuestro pedido se funda en el Art 42 de la Constitución Nacional, el cual reza:
Artículo 42.- Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.
Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. (….)
Entendemos que son los organismos de control los que deben bregar por la “protección de los intereses económicos” de los usuarios y consumidores, protegiendo nuestros derechos frente, en este caso, al paro general y sorpresivo del transporte urbano de pasajeros, al que nos vemos afectados desde hace 2 días.
Desde hace décadas que venimos siendo “rehenes” del sistema, que no se respeta nuestro derecho como usuarios del servicio, y afectando gravemente nuestra economía personal y familiar, en virtud de que cada asamblea, cada paro, provocan que el usuario tenga que buscar otros medios alternativos de transporte con mayores costos, perjudicando también la relación laboral, perdiendo por ejemplo, el “presentismo” por llegar tarde o directamente no poder asistir al trabajo
Lamentablemente el transporte urbano como sistema, esta ligado al ejercicio de otros derechos como lo es el derecho a trabajar, el derecho a acceder al servicio de salud, el derecho de acceder a la educación, entre otros, que se ven afectados cada vez que hay un paro o una asamblea. Entonces, al estar ligado a nuestra vida y nuestra rutina diaria, y teniendo en cuenta por ello que el no contar con ese servicio publico, nos impide desarrollar de manera normal nuestras actividades, es por ese motivo, que necesitamos que tanto el Intendente, como los Organismos protectorios de los derechos de usuarios y consumidores se hagan eco de este reclamo, e intervengan en representación del colectivo al cual representan.
Yo creo que este tema lo tenemos que tratar con la responsabilidad que se merece, no “delegando” el problema en otro (en otra persona o en otro poder), sino tomando parte en el tema, como “actores sociales”, trabajando unidos, todos, órganos de control, concejales, legisladores, intendente, funcionarios, como así también las ONG (entes no gubernamentales), para lograr una salida airosa a este conflicto que nos afecta grandemente como ciudad, y del cual lo estamos padeciendo desde hace décadas.
Creo que, de una vez por todas, tenemos que sentarnos juntos a ver como encaramos la solución definitiva a este problema, respetando el “derecho de huelga” de los trabajadores del volante, pero que también se respete nuestros derechos como usuarios y consumidores.
Apelamos al compromiso social que cada uno desempeña en nuestra ciudad, y desde el lugar que ocupa cada uno, aportar su parte para ver como solucionamos un problema de larga data.
Facultades legales que tiene el Defensor del pueblo para intervenir:
Defensor del Pueblo tiene como función:
· Supervisar la eficacia en la prestación de los servicios públicos provinciales.
· Defender los derechos colectivos o difusos.
· Velar por la correcta aplicación de las leyes por parte de la administración provincial.
En el ejercicio de las funciones que la Constitución Provincial y la Ley N° 7741 le encomiendan, el Defensor del Pueblo podrá actuar de oficio (por propia iniciativa) o a petición del interesado, en todos aquellos casos originados por cualquier área de la Administración Pública provincial: Ministerios, Secretarías, Direcciones, Agencias o aquellas entidades públicas o privadas que ejerzan funciones estatales delegadas o sean prestatarias de servicios públicos por concesión o por cualquier acto administrativo del estado provincial, en relación a:
· Falta y/o incorrecta aplicación de leyes y demás disposiciones de la Administración provincial.
· Mala prestación de los servicios.
· Mal funcionamiento,
· Ilegitimidad,
· Falta de respuesta a reclamos efectuados,
· Insuficiente o deficiente información,
· Violaciones a los derechos humanos, a los derechos del usuario y del consumidor, a gozar de un medio ambiente sano.
Para atender el reclamo de los ciudadanos, el Defensor del Pueblo de la Provincia está facultado para realizar inspecciones, verificaciones, solicitar expedientes, informes, documentos; formular a los funcionarios recomendaciones y advertencias de sus deberes legales y sugerir a las autoridades la modificación de actos y resoluciones cuando el proceder o las normas provoquen, a su criterio, situaciones injustas o perjudiquen sus derechos.
El Defensor del Pueblo dispone de un equipo de colaboradores interdisciplinario dedicado a analizar las actuaciones que se promueven, ya sea de oficio o como consecuencia de la presentación de una queja, y elabora propuestas sobre los cursos de acción a seguir mediante técnicas modernas de gestión y procesamiento de la información.
El Defensor del Pueblo, no puede intervenir en conflictos que estén sometidos a jueces o tribunales, tengan o no sentencia judicial; o en conflictos entre particulares relacionados con cuestiones laborales, comerciales o familiares.
Cuando los hechos denunciados no están bajo su competencia, el Defensor del Pueblo sugerirá al ciudadano a qué organismos, instituciones o autoridades competentes puede dirigirse y presentar su reclamo. Cuando se denuncia un conflicto entre vecinos o particulares, se brinda un servicio de mediación comunitaria.
Autora: Mariela Andrea Moncada
Abogada- Mediadora
Apoderada en Córdoba de la Asociación Protectora, defensa del consumidor
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