El año pasado trascendieron dos hechos que tuvieron impacto mediático y que nos conmovieron como fue el caso de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. A raíz de eso, se empezó a hablar y hasta muchas veces cuestionar la violencia hacia las comunidades indígenas de Argentina.
Cada vez son más los casos de represión estatal contra los pueblos originarios, favoreciendo a los negocios de grandes empresas que se apropian de los recursos naturales del país. Así como el kirchnerismo tuvo a los Qom como "enemigos", hoy el gobierno de Mauricio Macri ha elegido al pueblo mapuche sobre el que se efectúa una cuota importante de racismo de los sectores de la sociedad argentina que avalan la represión.
El 26 de junio, la comunidad Indio Colalao de Tucumán sufrió un violento desalojo de 16 familias. Decenas de policías e infantería llegaron hasta el territorio y avanzaron contra la comunidad. Los diaguitas acusaron a la fiscal Adriana Cuello Reinoso y al juez Eudoro Albo. En San Ignacio (Misiones), el 8 de julio, una patota atacó a la comunidad Tekoa Kokuere’i. Con machetes y motosierras derribaron las viviendas y las incendiaron en presencia de niños y mujeres.
El 1 de agosto hubo una nueva represión. Sin orden judicial, Gendarmería ingresó a territorio comunitario. Sobrevino la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.
El 25 de noviembre el grupo Albatros de la Prefectura reprimió con balas de goma y de plomo a los integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu. En esta represión, Rafael Nahuel fue herido por una bala del mismo calibre que las utilizadas por las fuerzas federales (9 mm), la misma le provocó la muerte. También resultaron baleadas otras dos personas, Johana Colhuan, que fue herida en el hombro, y un hombre cuya identidad no fue revelada.
El 20 de diciembre, la policía de Formosa reprimió con balas de plomo en la comunidad wichí del “Barrio 50 Viviendas” (en la localidad de Ingeniero Juárez). Hubo cuatro heridos, dos con balas de plomo.
Agustín Santillán, wichí de Formosa que estuvo preso cinco meses por reclamar derechos básicos ante el gobierno de Gildo Insfrán, y la detención del lonko (autoridad mapuche) Facundo Jones Huala, que aún está detenido en Esquel a la espera de juicio de extradición.
Estos fueron algunos de los casos de represión a las comunidades originarias que sucedieron en el 2017. A partir de la muerte de Santiago Maldonado, la lucha de los indígenas para que no los desalojen, fue constante.
Darío Aranda es periodista de Pagina 12 y hace años que denuncia estos casos represivos hacia las comunidades indígenas. Afirma que desde el Poder Judicial encubren el accionar represivo de las fuerzas de seguridad.
“De los tres poderes del Estado, el Poder Judicial es el más conservador y retrógrado. Pertenece a la casta económica, social y política de los que se hicieron con la tierra de los pueblos indígenas. En Neuquén hay 350 mapuches judicializados por usurpar el territorio donde siempre han vivido".
La lucha viene hace ya un tiempo largo, no son casos aislados sino un sistema que en nuestro país funciona de esta manera. Suena macabro cuando se refieren a los indígenas diciendo "no tienen papeles". Si no los tienen es porque las distintas administraciones del Estado se han esforzado para que así sea. No es culpa de los indígenas o de los campesinos.
El 8 de noviembre de 2017, la Cámara de Diputados cumplió con un fuerte reclamo de las comunidades originarias y convirtió en ley, por unanimidad, la tercera prórroga de la Ley 26.160, que suspende los desalojos en tierras habitadas por indígenas hasta tanto el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) culmine el relevamiento catastral. La norma, que ya lleva 11 años de vigencia y que vencía el pasado 23 de noviembre, regirá por otros cuatro años.
Según el INAI, hay 1532 comunidades indígenas identificadas en el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena, pero sólo 459 tienen el procedimiento culminado, es decir, apenas el 30%.
El pueblo mapuche en particular y los pueblos indígenas en general no quieren un Estado aparte sino un Estado plurinacional como en Ecuador o Bolivia que reconozca la diversidad que tenemos en Argentina para que entre todos podamos construir un mundo distinto. Resistieron 200 años al Estado argentino, sobrevivieron a distintas campañas militares y a la última dictadura y van a seguir resistiendo.
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