Política
La Justicia cordobesa busca restringir la protesta social
El Juzgado de Control Nº 10, a cargo de Juan Manuel Fernández López, hizo lugar a un "habeas corpus" presentado por el Centro Vecinal del Centro para restringir la protesta social.
El recurso judicial fue presentado a fines del año pasado, por el Centro Vecinal del Centro, casi al mismo tiempo que ingresó a la Legislatura provincial el proyecto de los legisladores Juan Manuel Cid, Dante Rossi y Verónica Garade, el cual busca restringir la protesta social en el centro cordobés.
El mismo tiene como objetivo sentar formalmente a autoridades policiales y políticas ante un Tribunal, para que "instrumenten dentro de la razonabilidad y proporcionalidad" medidas para "mitigar o hacer cesar" las "restricciones arbitrarias". Luego de varias reuniones entre noviembre y diciembre de 2022, el juez consideró que se tiene que utilizar la acción de inteligencia policial para "cortar la cabeza" de los líderes de las organizaciones sociales, a quienes acusó de "no querer" que se solucione el conflicto para "mantener el negocio" y de conformar asociaciones ilícitas, según informa La Voz del Interior, sobre los considerandos del juez y la intención del accionar policial en estas manifestaciones.
Mediante la implementación de "un protocolo" ante la espera por la sanción del proyecto en la Legislatura, el primer operativo se vio el jueves pasado en el centro cordobés ante la manifestación de Unidad Piquetera. El argumento del Juez Fernández López, defendiendo que no hay un conflicto de derechos por que: "Podría haberlos si se ejerciera como en Estados Unidos, sin interrumpir el tránsito. Pero en Argentina no hay protesta civilizada: se usa el delito para estorbar y así incidir en la voluntad política", según consigna el informe de La Voz del Interior.
En la misma línea el juez fue más allá: "Advierto que todos somos víctimas, que el Estado provincial está siendo coaccionado". Y reclamó a la Policía y al Ministerio Público Fiscal "hacer cesar el delito de la interrupción de calzada".
Ante esta situación, el Fiscal General fue más cauteloso y señaló: "... cuando miles de personas cometen esa acción (por un corte de calle) es de imposible cumplimiento". Y agregó: "No estoy justificando al que ocupa de un espacio público, sino que el abordaje es insuficiente porque los medios materiales no están al alcance de la mano hoy".
Fuente: La Voz del Interior.