Elecciones en Córdoba 2021: Laura Vilches

De cara a las elecciones generales que se realizarán el próximo 14 de noviembre, se irá desarrollando un ciclo de entrevistas con los distintos candidatos a diputados y senadores de las diversas coaliciones y partidos políticos que han pasado y conseguido un porcentaje mayor al 1, 50. Por lo tanto, para conocer un poco más a estas figuras, las conversaciones con cada uno de ellos expondrá la postura de cada uno con respecto a distintos temas de interés nacional. 

En este primer encuentro, tenemos a Laura Vilches: candidata a senadora por el Frente de Izquierda Unidad; quien también es concejala del PTS (Partido de los Trabajadores Socialistas) - FIT Córdoba, miembro de la dirección nacional del PTS y de la Agrupación de Mujeres "Pan y Rosas", además trabajadora y delegada docente. Por otro lado, fue  Legisladora provincial por el PTS-FIT Córdoba, desarrollándose como diputada en el período 2014 - 2019.

A continuación, encontrarán los distintos temas que se conversaron y las respuestas de la candidata al respecto: 

Periodista(P): ¿Estás a favor o en contra del Acuerdo porcino? ¿Por qué?

Laura Vilches (LV): Nosotros estamos en contra. De hecho ya hemos hecho presentaciones tanto a nivel nacional con mis compañeros del Caño y Bregman como a nivel provincial rechazándolo, en el marco de que habían insinuaciones de parte del gobierno provincial que querían habilitar la posibilidad de la instalación de las megagranjas aquí en Córdoba: consideramos que son una fábrica de pandemias y una acumulación de contradicciones que hacen tanto a la problemática ambiental como a la de la salud humana. Por un lado, por la enorme concentración de animales que implica la posibilidad de que sus virus y enfermedades se trasladen a la población humana como en cuanto la utilización -por ejemplo- de enormes cantidades de agua, la concentración y degradación del ambiente en el cual están, el problema de la instalación… es decir, estamos en contra y consideramos que es una forma de la tercerización del mercado de alimentos de China para el servicio de un interés capitalista que implica la contaminación y degradación de nuestro país.

P: Con respecto a una ley de muerte digna, ¿Estás a favor o en contra? ¿Por qué?

LV: Nosotros estamos a favor de la eutanasia y del derecho a una muerte digna. De hecho acá en la Legislatura de Córdoba hemos aprobado y acompañado lo que se hizo al respecto que implica el adelantamiento de la voluntad frente a una situación irreparable, irremediable, de la salud que implique la afectación de las posibilidades vitales de la persona o dolencias sin cura como cualquier enfermedad terminal; y desde ya que acompañaríamos la posibilidad de una ley de estas características porque entendemos que es una decisión muy íntima y personal que hace a la dignidad de las personas tanto de la vida como la muerte. Creemos que frente al ejercicio de la corporalidad al derecho a disponer de tu propio cuerpo como el de disponer de las propias condiciones de vida es un derecho inalienable de cada persona en el cual no tienen que entrometerse las concepciones religiosas o las creencias que es lo que ocurre en estos casos donde de alguna manera la imposibilidad de que todavía no tengamos en nuestro país una ley de estas características tiene que ver con el lobby de las distintas instituciones religiosas. De la misma manera en la que hemos planteado frente al derecho al aborto que hay un problema no sólo de salud pública sino también de los derechos tanto individuales como personalísimos: lo mismo ocurre en el caso de la muerte digna, la eutanasia, que va acompañado de la exigencia insistente de la separación de la iglesia del Estado justamente para evitar todo ese tipo de interrupciones. La persona pierde inclusive la posibilidad de ejercer el derecho a la vida: es una decisión muy personal en la que no tiene que entrometerse nadie, incluyendo a los miembros de la propia familia por más amor y cariño que uno les tenga.

P: ¿Estás a favor de la legalización del cannabis?

LV: Sí, nosotros hemos planteado permanentemente la necesidad de legalizar el cannabis no sólo en el caso medicinal, donde acompañamos las movilizaciones y demandas de los pacientes y las familias como está conquistado en argentina, sino de la legalización integral del cannabis. Por un lado, porque la prohibición y el esquema prohibicionista lo único que han conseguido es la multiplicación de casos de persecución a los pibes o personas que cultivan y que muchos de estos casos han tenido que ver con el cultivo inclusive para garantizar el cannabis medicinal (que muy tardíamente se legalizó y reglamentó). En el caso de la compañera que ya falleció, Brenda Chiñolis, aquí en Córdoba: una referente en la lucha por el cannabis medicinal a quien se cansó la policía provincial inclusive la Justicia provincial y federal de hostigar y que sólo con la movilización logramos que le devolvieran los aceites que le habían incautado que eran para sus pacientes y para ella misma que era una usuaria del cannabis medicinal. A su vez, porque ese paradigma tradicionalista no combate de ninguna manera el gran crimen organizado que es el narcotráfico. Entonces, mientras se persiga a los pibes por los porros, fumar en una plaza o haciéndolo de manera recreativa se mantiene intacto el gran negocio ilegal del narcotráfico que justamente pone en riesgo inclusive la vida de los propios pibes para hacer un negocio enorme a costa de estas vidas. Sabemos también de los casos en los que la propia policía recluta a pibes de las barriadas populares para obligarlos a robar y comerciar con drogas ilegales, y sabemos de los casos en los que los policías ingresan sin ningún tipo de orden de allanamiento a las casas particulares y roba las plantas -por ejemplo- que se usan para el autoconsumo y autocultivo. Por lo tanto, vemos que para acabar con todo este negociado y repercusión y avanzar realmente contra todo este negociado hay que legalizar la marihuana e inclusive todas las drogas. Frente a ésto, no podemos negar que hay problemas de salud pública que también tiene que ver con el consumo problemático de algunas sustancias: lo que planteamos es que tiene que haber alguna política clara de salud justamente para acompañar y ayudar a quienes tienen un consumo problemático, que no tiene que ver con la sustancia en sí (que obviamente sabemos que hay algunas que tienen un carácter más adictivo que otras) pero creo que tiene más que ver con las condiciones generales que hacen a una persona depender del consumo de drogas tanto de las legales como ilegales. Así como hay programas para el tratamiento del alcoholismo y adicción al tabaco, creemos que tiene que haber programas para el tratamiento del consumo de sustancias justamente problemáticas; y en el mientras tanto la legalización de todas las drogas, en particular de la marihuana, debe responder justamente a una problemática de salud y no a una penal. Ese es nuestro planteo. Así también entra en juego el derecho de las personas a hacer con su propia vida lo que quieran y a en última instancia decidir sobre su propia vida, y lo que hace con su cuerpo y salud: desde ya, garantizando y ayudando a quien esté en un consumo adictivo.

P: ¿Crees que es necesaria una reforma del sistema de salud?

LV: Si, nosotros lo hemos planteado siempre y está en el programa del Frente de Izquierda Unidad la necesidad de la unificación del sistema sanitario a nivel nacional. La fragmentación absoluta que hay en el sistema de salud a nivel nacional, provincial y municipal con un enorme peso del negocio que hace sobre la salud las clínicas privadas: es justamente una denuncia que hacemos desde hace tiempo, resultante de las leyes menemistas que destruyeron el sistema sanitario público. Planteamos la unificación del sistema sanitario público. Creo que esto quedó en evidencia con la pandemia y todo lo que implicó esa fragmentación, la imposibilidad del control inclusive de los estados nacionales y provinciales de todos los recursos sanitarios. Por eso nuestro planteo es la estatización total y unificación del sistema sanitario, un sistema nacional único que garantice además el acceso a la salud en todos los niveles con todos los órdenes y especialidades: es la manera de garantizar la salud pública para todo el mundo y no que quien pueda pagar tenga una salud de mejor calidad y quien no pueda tenga que estar horas y horas o inclusive meses esperando en el sistema sanitario público. Esto vendría de la mano, por supuesto, del aumento del presupuesto nacional para el sistema sanitario. Es una medida urgente que paradójicamente creo que es parte de lo que vimos en los resultados electorales: el gobierno ajustó en pleno año de pandemia en un 9% del presupuesto sanitario para el 2021. Eso habla de las políticas del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales que prefieren el pago a los acreedores internacionales por sobre garantizar el acceso a la salud a la población.

P: Profundizando en la salud, ¿Crees que se necesita una reforma de la salud mental

LV: Yo creo que la ley de salud mental actual tiene muchísimos puntos a favor en la orientación y sentido general en el cual está planteado el problema de la desmanicomialización y en la integración de las personas con problemas de salud mental de manera paulatina a las sociedades -es decir- que no haya aislamiento. Lo que ocurre en los hechos es que al no haber presupuestos para el sostenimiento de casas de medio camino (una de las medidas para avanzar en la desmanicomialización) ni tampoco para el personal de salud mental (que en la mayoría de los casos como todo el personal de la salud está trabajando de manera ultraprecarizada con monotributos o con contratos basura inclusive pasando muchos años contratados tanto en el sistema público como privado) es difícil poder garantizar el acceso a la salud mental. Ésto también va de la mano muchas veces de un gran negocio que mantiene el sistema sanitario sobre todo las clínicas privadas, que son las que mayoritariamente salen beneficiadas con una política que no garantiza presupuestos desde lo público para todas estas medidas de contención de la población con problemas de salud mental, y que va de la mano de un gran negociado en los laboratorios que generan medicamentos para el negocio de la salud mental de la mano de las clínicas privadas. Por otro lado, que acá creo que se conecta con un problema más general, creo que la salud mental es cada vez más un problema porque se conecta con las condiciones precarias en las que vive el conjunto de la población. Lo que venimos observando en las recorridas, experiencias con la juventud, en las charlas con la militancia y con las universidades en las escuelas es que hay cada vez más problemas vinculados a la salud mental en un sector -por ejemplo- que está completamente precarizado desde el punto de vista laboral de la juventud. Entonces, pibes y pibas que quieren disfrutar y tener un acceso a determinadas cuestiones como por ejemplo el derecho a la recreación, al tiempo libre, al ocio, a la práctica del deporte o a las culturales, está imposibilitado de acceder a eso por las condiciones brutales en las que ya se inscribe, la falta de tiempo porque las jornadas son completamente extenuantes o directamente la desocupación. Siendo así, cómo no va a haber cada vez mayores índices de problemáticas vinculadas a la salud mental si no están garantizadas las condiciones mínimas de vida, así como el disfrute y goce que de alguna manera le pondrían freno a los problemas de salud mental. Vos hablás con los pibes y los trastornos de ansiedad, el estrés, la angustia, inclusive niveles que indican altos índices de suicidio en la juventud a nivel mundal, dan cuenta de que la problemática de salud mental es aguda pero que no se resuelve sólo con aspectos que hacen a la ley de la salud mental y su presupuesto sino con las condiciones de vida generales. Creo que la salud mental se garantiza también con el acceso a la cultura, deporte, recreación, tiempo libre y a tener una vida que merezca la pena ser vivida. 

P: ¿Cuál crees que es el pilar fundamental para reactivar la economía?

LV: Nosotros estamos planteando y hemos hecho muchísimo eje en la campaña hacia las PASO en una cuestión que es el planteo de la reducción de la jornada laboral y que está estrechamente ligado a lo que te decía antes con respecto a la cuestión de la salud mental. Nos parece que dadas las condiciones del avance de la tecnología y las ciencias se permitirían jornadas laborales mucho más cortas y llevaderas. Creo que lo comprobamos todos en esta pandemia con cómo la tecnología estuvo al servicio de garantizar un montón de cuestiones que antes no las habíamos pensado de manera masiva. Sin embargo, la tecnología en esta ocasión también estuvo al servicio de aumentar la explotación, de hecho las exigencias -por ejemplo en mi caso que soy docente- frente a la pandemia, fueron mayores con salarios que cada vez más te permiten llegar menos a fin de mes. Frente a eso nosotros pensamos que la tecnología y la ciencia tienen que estar puestas al servicio de garantizar mejores condiciones de vida; reducir la jornada laboral a las 6 horas los 5 días de la semana permitiría, además de abordar este problema que es la sobreexplotación o sobrecarga laboral, podríamos avanzar en generar nuevos puestos de trabajo porque las horas que libera alguien las puede tomar otra persona. Ésto iría de la mano con una cuestión más general que hace al problema de la desocupación con una política que abarque un plan de obras públicas para garantizar planes de viviendas creación de barrios, puesta en pie de nuevas escuelas y hospitales, implicaría la reactivación de la economía en este otro sentido. Todo esto desde ya nosotros opinamos que hay que hacerlo afectando a las grandes ganancias de los empresarios y a los sectores más concentrados del capital: entre los cuales entran como medidas el desconocimiento de la deuda ilegal como es la deuda externa que hoy el gobierno nacional está negociando, y garantizar un presupuesto que va a ser de ajuste para satisfacer los pagos de la deuda externa y a su vez con otra serie de medidas que te menciono dos: que tienen que ver con la unificación del sistema bancario (un sistema estatal/nacional único) para concentrar el ahorro nacional y permitir este tipo de políticas como plan de vivienda y la reducción de la jornada justamente evitando esa enorme sangría de dólares que es la fuga de capitales que se hace a través del sistema financiero; y otra medida complementaria: el monopolio estatal del comercio exterior justamente para evitar todo tipo de maniobras fraudulentas -como lo hemos visto en el caso Vincentin- para que todos estos recursos se vuelquen al orden interno y bajar los niveles brutales de inflación, una de las medidas es la traslación de los precios del mercado internacional al interno y obviamente como decía antes la fuga de capitales y las de divisas que implican los enormes pagos de deudas y es una especie de fuga legal de los recursos del país. 

P: ¿Cuáles son tus propuestas para generar empleo joven?

LV: Una de las maneras es la reducción de la jornada laboral que creemos que es una necesidad justamente para la creación de nuevos puestos de trabajo, los cuales signifiquen trabajos de escasa carga laboral con salarios equivalentes a la canasta básica familiar y garantizando todos los derechos: por ejemplo, hoy los pibes de las aplicaciones, de la gastronomía o de las áreas del comercio que es otro sector donde mayoritariamente hay empleo juvenil muchas veces no garantizan. La juventud tiene uno de los más altos índices de trabajo no registrado y precario con condiciones paupérrimas. Nosotras hemos sostenido inclusive la necesidad de garantizar trabajos con derechos, denunciado junto con mi compañera Noel Argañaraz como las patronales de ese sector han armado inclusive listas negras para evitar que la juventud se organice persiguiendo a los pibes que reclaman por derechos como a tener una obra social y que los pongan en blanco. Entonces, desde ya que estamos a favor de un trabajo con derechos y una de las maneras a través de las que creemos que podemos garantizarlo es a partir de la reducción de la jornada laboral. Esto quizás suena un poco abstracto pero si vos te ponés a pensar, por ejemplo yo que soy docente  trabajo casi la totalidad de las horas (tengo 16) de mi carga horaria y cobro un salario que no me permite llegar a la canasta básica familiar: con 10 años de antigüedad no llego a los 60 mil pesos o estoy un poco arriba. Si yo dejara ahora y tuviera, como estamos reclamando, jornadas laborales no de 30 horas máximo sino la mitad, con un cargo podríamos cubrir la canasta familiar y las compañeras suplentes que se han movilizado el año pasado denunciando que no se llamaba a las convocatorias públicas para los cargos, que son jóvenes y tienen todas las pilas, podrían tener las horas que hoy estamos cubriendo quienes estamos hasta el cuello de tareas frente al aula; cada vez con mayor cantidad de pibes dentro del aula, con una recarga mayor de tareas como ha significado la pandemia y con las tareas burocráticas que nos hicieron hacer. Hay compañeros y compañeras que están buscando laburo y podrían tenerlo reduciendo la jornada laboral. También hemos estado hablando con jardines maternales y hay maestras que denuncian que las hacen entrar a los maternales privados con PPP con lo que cobran menos de 15 mil pesos, una persona que se formó durante 5 años para estar al frente de una tarea sumamente importante como el cuidado de niños y niñas que van entre 45 días y 3 años. La necesidad de trabajo con derechos es crucial, blanquear y pase a planta permanente de los contratados, regularización y registro de todos los trabajadores que no lo están y la reducción de la jornada en los distintos niveles para garantizar mayores puestos de trabajo.

P: ¿Qué pensas del nuevo proyecto a las grandes fortunas?

LV: No conozco en detalle en qué consiste el proyecto. Nosotros hemos planteado que un verdadero cuestionamiento a las grandes fortunas tendría que venir de la mano de una modificación de todo el sistema impositivo, empezando por eliminar el IVA a los productos del consumo popular y por gravar a las grandes fortunas de verdad no sólo en el terreno de las personas o en el plano de las fortunas personales sino -y nosotros tenemos muchos proyectos presentados en este sentido- vinculados a las personas con sus grandes patrimonios pero también a las empresas de las cuales esas personas son dueñas. En ese punto de vista, hay que gravar cada vez con mayores impuestos a los que más tienen y se han visto en todos estos años con una estructura tributaria regresiva que implica que -por ejemplo- el 30% de los recursos recaudados a través de impuestos los aporta el IVA, es decir, un impuesto totalmente regresivo que implica que las grandes fortunas quedan con sus propios recursos y no aportan un peso a la sociedad. Entonces, nosotros hemos planteado acá en la provincia, en la municipalidad, un proyecto similar y es la misma lógica con la que planteamos proyectos nacionales que hay que gravar de manera diferencial -por ejemplo- a la tercera categoría de los terratenientes y los sectores agrarios que tienen grandes superficies. Lo mismo en cuanto a las grandes superficies comerciales en la ciudad y en otros lugares: hemos visto en la pandemia como monstruos del comercio como Grupo Dinosaurio, Macro, Easy, Vencosud, etc. se vieron re contra mil beneficiados y sin embargo extorsionaban con la caída de las ventas cuando fueron quienes se beneficiaron porque absorbieron la demanda de los pequeños comercios que por la cuarentena estuvieron cerrados durante varios meses. Por lo tanto, frente a ésto nosotros creemos que hay que gravar las grandes empresas comerciales y gravarles particularmente espacios propietarios de la tierra, además de expropiar a los grandes terratenientes que a nivel nacional son alrededor de 10 mil si no me equivoco que concentran los principales espacios productivos del país y, a su vez, generar justamente una estructura tributaria que -por ejemplo- se ha eliminado el impuesto a las ganancias en el salario porque no es ganancia sino que justamente es salario; entonces el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría también tendría que ser eliminado, es decir, una reforma completa al sistema tributario que grave a quienes más tienen y que se distribuya la riqueza que produce la mayoría de la población al conjunto de la población.

P: ¿Considerás necesaria la separación de la iglesia y el Estado?

LV: Si. No sólo frente a la eutanasia como te mencionaba anteriormente, sino también creo que hay que eliminar categóricamente, en lo cual hemos presentado proyectos, todo tipo de eximición impositiva a las iglesias. Hemos hecho denuncias en la provincia de córdoba y a nivel nacional de los recursos enormes que tiene en particular la iglesia católica pero que está el conjunto de los cultos y que deben ser eliminadas en la perspectiva de una separación completa de la iglesia del estado y justamente no tiene que tener ningún tipo de beneficio extra.

P: ¿Cómo arreglarías la deuda con el FMI?

LV: Lo que nosotras proponemos no es un desconocimiento de la deuda externa. Hay jurisprudencia internacional que permite categorizar a la deuda externa argentina bajo el concepto de deuda odiosa: es un concepto acuñado por el derecho internacional justamente para dar cuenta de aquellas deudas contraídas por los estados que no beneficiaron a la población. Entonces, como la deuda externa argentina y en particular la última contraída bajo el gobierno de macri no redundó en ningún beneficio para la población, no fue ese dinero para la construcción de escuelas, hospitales para garantizar -por ejemplo- desde la pandemia un reforzamiento del sistema sanitario sino que fue para la fuga de capitales y el sostenimiento de la campaña del gobierno anterior: opinamos que se tiene que desconocer, pero no sólo esta última deuda sino el conjunto de la deuda externa argentina que pagada con creces y que además está demostrado que por una investigación del juez ballesteros, que duerme en los cajones del congreso nacional como prueba, la deuda externa argentina se constituyó con más de 477 operaciones ilegales. Ésto no lo dice la izquierda, myriam bregman, laura vilches o nicolás del caño sino que es un juez de la nación que investigó la deuda externa y señala que se constituyó con más de 477 operaciones ilegales; por eso creemos que hay que desconocerla y que todos esos recursos vayan a las necesidades de la población como vivienda, trabajo, salud, educación. 

P: Con respecto a la reforma del sistema judicial, ¿Estás a favor o en contra? ¿Por qué?

LV: Yo creo que la reforma del sistema judicial que discuten tanto el Frente de Todos, el peronismo de la provincia y a veces entra en esta discusión Cambiemos, es una reforma para no tocar nada. nosotros estamos verdaderamente a favor de modificar todo el sistema de justicia empezando porque los jueces no sean personas con privilegios absolutos que están por fuera completamente de la sociedad con sueldos que superan los 500 mil pesos y que implica una enorme separación del conjunto de la población; entonces, lo primero que nosotros planteamos es que los jueces tienen que ser elegidos por voto popular, que tienen que ser revocables por los electores también, tienen que cobrar lo mismo que cualquier trabajador que es lo mismo que proponemos para todos los funcionarios del estado, que no tienen que tener ningún tipo de privilegio como -por ejemplo: jubilaciones de privilegio o el no pago del impuesto a la ganancia-. Es decir, que tienen que tener las condiciones del conjunto de la población y, a su vez, que haya Sistema de Justicia con jurados populares y con jueces elegidos por el voto popular que creemos que realmente significarían una modificación radical de la justicia que está puesta hoy al servicio de los grandes empresarios y sus negocios y el poder político de turno. Hemos visto como la justicia gira en torno a quien gana o pierde las elecciones donde abre o cierra causas. entonces, una reforma integral de la justicia en el sentido que mencionaba recién vemos que es la única salida para que efectivamente exista y que sean juzgados todo aquellos responsables de los casos de gatillo fácil que hoy están impunes, aquellos y aquellas responsables de la red de tratas como en el caso de nora donde hay implicados dos jueces del poder judicial provincial, aquellos que permiten y avalan la persecución judicial en la juventud como en el caso del autocultivo o consumo de marihuana, eso genera una manera de que haya definitivamente una justicia real para la mayoría de la población.

P: ¿Cuál es tu postura frente a la institucionalización del lenguaje inclusivo?

LV: Yo soy profe de lengua y literatura, y la verdad que sobre eso no tengo una posicióntomada cerrada; y creo que desde el punto de vista de la no penalización del lenguaje inclusivo está bien. Obviamente estoy en contra de que se boche a cualquiera por la utilización del lenguaje inclusivo, lo que ocurre ahí es que es más complejo… sobre todo en áreas donde de alguna manera uno siempre trata de trabajar lo que se llama la adecuación del lenguaje porque no hay una forma correcta o incorrecta de usar el lenguaje, aparte está vivo y tiene que ver con los usos y costumbres. Es un terreno de disputas de significados: como decía Bajtin, el teórico marxista, es la arena de la lucha de clases. Entonces, en ese sentido desde ya que el lenguaje es una arena de disputa y me parece muy bien pelea por el lenguaje que señale la carga de género y excluyente que tienen muchos conceptos. Lo que ocurre también, esto quizás es una visión más profesional que no la tengo cerrada, es importante que el hablante pueda reconocer los distintos tipos de usos en el lenguaje justamente como forma de apropiárselo en las mejores condiciones. Ahí entran en juego otras cuestiones de las que yo todavía no me animaría a opinar; y con las colegas amigas escritoras con quienes he hablado no tenemos tampoco una posición cerrada.