Elecciones en Córdoba 2021: Martín Gill

De cara a las elecciones generales que se realizarán el próximo 14 de noviembre, se irá desarrollando un ciclo de entrevistas con los distintos candidatos a diputados y senadores de las diversas coaliciones y partidos políticos que han pasado y conseguido un porcentaje mayor al 1, 50. Por lo tanto, para conocer un poco más a estas figuras, las conversaciones con cada uno de ellos expondrá la postura de cada uno con respecto a distintos temas de interés nacional. 

En este capítulo tenemos a Martín Gill, candidato a diputado por el Frente de Todos y secretario de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas de la Nación desde el 2020. Fue electo por primera vez como intendente de Villa Maria en 2015 con la lista del Frente para la Victoria y, en 2019, con Hacemos por Córdoba. Por lo tanto, está transitando su segundo mandato aunque con algunas licencias por el puesto que ocupa a nivel nacional. Gill fuedos veces rector de la Universidad Nacional de Villa María, secretario de Políticas Universitarias de la Nación en el último período de Cristina Kirchner, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional y diputado nacional por el FPV (Frente Para la Victoria).

A continuación, encontrarán los distintos temas que se conversaron y las respuestas del candidato al respecto: 

Periodista (P): ¿Cuál es tu postura frente al acuerdo porcino con China? ¿Por qué?

Martín Gill (MG): En lo personal, creo que una explotación intensiva de la crianza de cerdos que atente contra el ambiente no es una cuestión que veo de manera favorable. Creo que debe existir en todo trabajo en torno a la sustentabilidad de la producción o de cualquier tipo de industrialización o producción debe tener una variable de sustentabilidad. No puede ser una cosa o la otra, en todo caso deben ser dos dimensiones que se integren. Por lo tanto, como está planteado inicialmente es un acuerdo que no respaldo. 

P: Con respecto a una posible ley que contemple el derecho a una muerte digna o eutanasia, ¿Estás a favor o en contra? ¿Por qué?

MG: Ahí hay que tener en cuenta dos elementos: uno es el concepto que los vincula al ensañamiento terapéutico, es decir, a prolongar inútilmente la vida de una persona a través de algún medio artificial y no dar el derecho al buen morir, a la muerte digna. En ese sentido, desde el punto de vista del derecho natural y desde mi posición personal, toda acción que implique proteger y dar el derecho a una muerte digna no prolongando un ensañamiento terapeútico y no teniendo posibilidad de recuperación y no generando una intervención que provoque la muerte sino que en todo caso sea el morir natural el que se dé o permita en función de no prolongar artificialmente una vida que no tiene posibilidad de recuperación, estoy a favor. Estoy en contra de cualquier tipo de autorización que implique interrumpir la vida de una persona por medios artificiales, es decir, provocar la muerte. Por lo tanto, hay una línea muy delgada entre una situación y la otra. En la primera, estoy de acuerdo y creo que debe existir el protocolo necesario para las familias, el propio paciente y los médicos que intervienen; y creo que debe evitarse una interrupción de la vida por medios artificiales o provocada por medios ajenos al desarrollo natural de la existencia. 

P: Por otro lado, sobre la legalización del cannabis, si bien la ley contempla el uso medicinal pero... ¿Estarías a favor de que se apruebe su uso recreativo? ¿Por qué?

MG: Respecto a este otro tema que es central en la agenda, también creo que deben haber dos acciones complementarias: por un lado, el cannabis no sólo en el uso medicinal sino en la despenalización -fundamentalmente- del uso -por ejemplo- de la marihuana; criminalizar a quien hace uso del recurso de la marihuana, en realidad es distraer los esfuerzos de un control efectivo de lo que es el verdadero problema en torno  la droga y al narcotráfico que a veces termina persiguiendo o dilapidando un esfuerzo judicial inmenso que no va a atender los aspectos principales o centrales de la problemática. Ahora bien, también creo que simultáneamente a esa realidad debe generarse un dispositivo mucho más amplio, integral de asistencia frente a la problemática de las drogas. En la mayoría de los casos, las situaciones de adicción que afecta a la vida de las personas no cuenta con un abordaje integral y amplio para la propia persona como para el grupo familiar. Por lo tanto, también es una línea delicada y ambas realidades deben ir de la mano porque de lo contrario podría darse un mensaje que en el contexto de cómo somos los argentinos a mí me da la sensación que podría afectar sustantivamente; entonces, en ese sentido, soy partidario -por un lado- de la autorización del uso medicinal y la despenalización del uso recreativo de la marihuana pero -por otro lado y simultáneamente- un abordaje integral que debe garantizarse por ley, obras sociales y una política activa del Estado de la problemática, recuperación, reinserción y el abordaje familiar de la problemática de las adicciones. 

P: ¿Crees que tiene que haber una reforma del sistema de salud?

MG: Si, la pandemia dejó de manifiesto y al descubierto las problemáticas que el sistema de salud tiene; y en ese orden, a mí me parece que es imperioso llevar adelante una reforma del sistema del sistema de salud que contemple algunos aspectos: primero, el rol que el Estado le toca cumplir de manera subsidiaria al rol del sector privado de la salud y de intervención de las obras sociales. Ha sido el Estado el que ha cargado sobre sus espaldas, tanto a nacional, provincial como municipal, gran parte de la responsabilidad en el abordaje, aunque también es cierto que el sector privado respondió con su capacidad instalada; pero es necesario que haya un sistema abarcativo, universal, integral y más justo, que también tenga un reconocimiento profundo al abordaje de la salud en un sentido federal porque la distribución de los servicios de salud que tienden a concentrarse en los grandes centros urbanos y a dejar descubierto el interior profundo de la Argentina. Entonces, los grandes centros urbanos tienen una superposición o población del recurso médico y el interior del interior no; entonces, hay que compensar con estímulos esa redistribución para garantizar en un país federal en cada rincón los servicios básicos de un derecho a la salud. 

P: En esta misma línea de la salud, ¿Considerás necesaria una reforma de la salud mental o una desmanicomialización?

MG: Ahí hay un avance sustantivo que fue la última ley de salud mental, justamente hace 2 o 3 días se celebró el día de la salud mental; ahí me parece que claramente hay que abordar un proceso que profundice la ley de salud mental que genere, no el extirpar socialmente, sino el reinsertar y abordar el tratamiento socialmente. Para eso, hay que ampliar los niveles de participación en la atención primaria de la salud y también el área de la salud mental en el abordaje integral que permita en el territorio, con talleres, programas, acciones, la contención y reinserción permanente de quienes padecen algún tipo de enfermedad en torno a la salud mental, en un contexto próximo o cercano territorialmente; y deberán existir las disposiciones para aquellos casos extremos que requieren algún otro tipo de intervención que sea evidentemente excepcional. En los últimos tiempos, la salud mental aparece casi representando una pandemia del siglo XXI. Las problemáticas son enormes: no necesariamente a las que estábamos acostumbrados antes sino que suceden en un entorno de personas que representan o tienen problemas de salud mental aún desarrollando un actividad laboral, insertos en una universidad o estudiando una carrera, la crisis económica y social, el grado de alteración que tenemos habitualmente en la vida cotidiana reconoce hoy una pandemia, y requiere un abordaje sistemático general tanto de las problemáticas que requieren de un abordaje instrumental -como en el roce que hay desde la salud mental en el abordaje de las adicciones no sólo en materia de drogas sino de otro tipo de adicciones como puede ser al juego que en muchos lugares existe-. 

P: Siguiendo esta línea de las reformas, ¿Debe realizarse una reforma del sistema judicial? 

MG: Si, totalmente. Todos los sistemas que existen en nuestra república, el sistema judicial es el que ha permanecido inmodificable desde el retorno a la democracia. La comunidad ha reclamado en muchas oportunidades la necesidad de tener una más y mejor justicia; para ésto, muchas veces el sistema judicial se ha escudado en temáticas como la impunidad, politizar esta cuestión o cosas por el estilo para postergar un debate que es necesario. Cuando uno hace hoy una encuesta en la sociedad, ésta reproduce sistemáticamente la falta de confianza en las instituciones judiciales, y no hay posibilidad de que una sociedad se construya sólida e integrada si no es con una Justicia parcial, igual; si no es garantizando de que no se va a utilizar la Justicia para perseguir políticamente; si no es que tenemos una Justicia que no sólo exista sino que tenga la celeridad para que la demora no se transforme en injusticia; que aborde las nuevas problemáticas que son dimensiones claves como -por ejemplo- la violencia de género y la violencia en el contexto de niños, niñas y adolescentes; que incorpore procedimientos con la búsqueda de la celeridad, transparencia, disponibilidad; y me parece que éste es un debate que debe abarcar a toda la Justicia -federal y provinciales- con un debate amplio, desprovisto de intencionalidad política y muy participativo con todos los sectores -por ejemplo, las facultades de derecho, universidades, gremios judiciales, organizaciones que defienden y promueven derechos de las víctimas… Pero claramente la Argentina necesita poner en la agenda una reforma en torno a lo judicial.

P: ¿Cuál crees que es el/los pilar/es fundamental/es para reactivar la economía?

MG: Básicamente salir de una situación como la que hemos tenido en los últimos 6 o 5 años, que ha sido una variable de decrecimiento de la actividad económica; osea, ajustar la economía achicándola. Esa disminución no permitió que se achique el déficit, que la actividad económica creciera junto con la industria y producción; sino que en todo caso condenó a la Argentina a un proceso de endeudamiento que terminó condicionándola totalmente. Entonces, nosotros necesitamos una lógica distinta, un incremento de la actividad económica, producción, la industria: si crece la industria, la producción, crece el consumo, si crecen las 3, lo hace el trabajo y disminuye la desocupación, y con esta disminución también lo hace la pobreza; y tenemos una sociedad mucho más justa e integrada. Pero fundamentalmente a lo que tenemos que ir es a un país normal: no puede ser que la Argentina sea casi un electrocardiograma donde unos años somos el país mejor del mundo y 2 años después seamos el peor. Necesitamos tener una economía estable, previsible, que tenga un circuito de crecimiento sostenido a partir de esas variables: producción, industria, actividad comercial, como elementos centrales; y que a partir de esa realidad de una economía que crece, como lo va a hacer este año alrededor del 8% del PBI, el déficit disminuye; por supuesto, solidificando algunos talones aquiles como los que nos ha dejado el proceso de endeudamiento. Transformar la renegociación de la deuda, como lo hizo la Argentina en materia de los bonistas privados y seguramente avanzará también con el Fondo Monetario Internacional, hace que se le quite un yugo al país que lo hace insostenible. No es posible para la Argentina pagar compromisos internacionales que no puede pagar materialmente porque no existe el dólar, la moneda, acumulada; entonces, frente a esa realidad, es el ajuste, el hambre de la gente, las postergaciones y en realidad nosotros tenemos que ir a esos: sustentabilidad del endeudamiento, crecimiento de la actividad económica, control del gasto, previsibilidad de las políticas macroeconómicas, y una economíanormal. No ser los mejores ni los peores del mundo, sino una economía normal, porque bajo esas condiciones la Argentina productora de materia prima, alimentos, energía, es un país que tiene la agenda del futuro y de alguna manera está llamado a ser protagonista clave en los tiempos que vienen a partir de la materia productiva y energética. 

P: ¿Cuáles son las propuestas que tienen para generar empleo joven?

MG: Bueno, básicamente, cambiar una lógica que es la del plan social. Lo primero que hay que plantear es que el empleo, en el sector juvenil, es uno de los más críticos: la mujer y los jóvenes son los sectores donde la desocupación es mucho más alta que el promedio total. Entonces, en ese sentido es que tienen que haber políticas activas, las cuales en el sector de los jóvenes tienen que permitir convertir lo que puede ser un subsidio o un plan social en un estímulo a la generación de un trabajo. Recientemente se acaba de lanzar un programa nacional que apunta a ésto: a que los chicos de 18 a 24 años, en su primera experiencia laboral de inserción al mercado laboral, cuenten con el auxilio del Estado -que se encargue de abonarle al empleador que toma a ese chico jóven que lo capacita y completa su introducción para desarrollar esa tarea- le paga durante un año la mitad del salario de ley. El Estado promueve y hace que se estimule el sector privado -empresas, cooperativas, industrias, comercios- tomen a trabajadores jóvenes; y, por otro lado, en los segundos 6 meses el Estado realiza, además del pago del porcentaje del 50% del salario, le suma las cargas sociales en un porcentaje de más del 80% pero si es jóven y mujer o pertenece al sector de diversidad de género se llega a un 95% de las cargas sociales -es decir- estimular y dar la oportunidad que los jóvenes durante un año cuenten con el auxilio del Estado para estimular y promover el sector privado de una oportunidad a trabajar, y será ahí que la capacidad estimulada y generada por el Estado la que va a permitir generar trabajo jóven genuino. 

P: Dentro de todo este debate que existe en torno al pago o no pago de la deuda con el FMI, ¿Qué pensás al respecto sobre este tema?

MG: Pienso que ha sido la peor de las herencias que nos dejó el gobierno de Mauricio Macri. Su gobierno nos dejó herencias complejas: 50% de pobreza en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, nos dejó el 54% de la inflación crítica y sostenida estructural del Estado pero lo peor de todo fue haber endeudado a la Argentina en 100 mil millones de dólares y tomar compromisos internacionales con los bonistas privados y el Fondo Monetario Internacional que no sólo resultaban excesivos o gigantes sino que se volvían de una manera insostenibles a devolver en un plazo que era imposible. La Argentina batió el récord del país con mayor endeudamiento en ese período: obtuvo el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional, un país que estaba quebrado; y ese año el Fondo le prestó a más de 80 países, si sumáramos lo que le prestó a esos países no alcanza la suma que le prestó sólo a la Argentina. Pero eso que se tomó como crédito, que en realidad en sí mismo no es malo, sino que lo malo es tomarlo de manera usurera, insostenible y que no sea para un proceso de inversión de capital de construcción de obra pública, de generación de programas que disminuyan la pobreza o desigualdades internas, lo malo es tomar una deuda para una bicicleta financiera y eso es lo que pasó en la Argentina donde se destinó a 2 cosas: a pagar deuda y a controlar un tipo de cambio que era irreal por las presiones que existían en función del proceso electoral que se estaba viviendo. Luego de haber ocurrido la desavenencia electoral de las PASO, generar lo que podríamos llamar una fuga de capitales; entonces, quedó la deuda más grande de la historia y no nos quedaron los fondos sino la responsabilidad para devolverla. En ese sentido, hay una variable central que es la independencia económica de un Estado: cuando un Estado no alcanza esta función, meta, deja de tener soberanía y -por supuesto- lo condiciona a cualquier tipo de programa o acción que tenga que llevar adelante; por eso fue tan importante la renegociación con los bonistas privados, que se alcanzó en un 99% y nos permitió llegar a quitar un yugo de la deuda equivalente a 37 mil millones de dólares. Ahora tenemos el desafío de lograr renegociar, quitar y disminuir la presión del pago de intereses de la deuda sobre la deuda contraída con el Fondo. Sólo el acuerdo que se alcanzó permitió el pago de la cuota de intereses de la deuda bajara de 3, 5% a 1, 5% del PBI, y que esa disminución de esos 2 puntos fuera de incrementar la obra pública, la inversión en vivienda, la educación, la ciencia y la tecnología; y de ahí está el desafío que tenemos también hacia adelante, pero por supuesto que éste es el talón de Aquiles para el crecimiento de la Argentina y el gobierno nacional lo está llevando adelante con previsibilidad, responsabilidad -no firmando cualquier cosa- y teniendo siempre la premisa de lo difícil que es esta realidad en este contexto en que nos encontramos.

P: ¿Qué pensás u opinás sobre el nuevo proyecto a las grandes fortunas?
MG: El mundo tiene desigualdades pero la Argentina no es la excepción, y esa situación hace que muy pocas manos detenten fortunas sumamente grandes mientras una gran porción del pueblo argentino está sumida en la pobreza. Frente a una situación extraordinaria como la que ha tenido en torno a la pandemia, creo que este resorte extraordinario del aporte de las grandes fortunas nominalmente importantes, que significativamente para el patrimonio de las grandes fortunas resultaba ser un aporte del 1% -es decir- mínimo dentro de ese universo, le aporta a los impuestos algo que la Argentina no ha tenido que es la progresividad: significa que depende la capacidad contributiva de la persona en las tasas de impuestos que paga, no es posible que el principal factor de recaudación de la Argentina sea el Impuesto al Valor Agregado en donde va el empresario más rico de la Argentina y compra una gaseosa y paga un porcentaje del impuesto de la misma, y después va la persona que se encuentra limpiando los vidrios en una calle, con lo que recauda va a comprar la gaseosa y paga exactamente el mismo impuesto. Esto es regresivo, fácil de recaudar pero afecta de manera desigual a la población, es un componente que grava la actividad de consumo, pero no puede ser la totalidad de lo que se recauda en Argentina. Es necesario que los que más tienen, más oportunidades tienen y más ganan, también tengan una contribución frente a fenómenos extraordinarios; y ésto fue lo que se logró con el impuesto a las grandes fortunas que además se redireccionó a acciones concretas como por ejemplo la urbanización de los barrios populares, barrios donde quizás hay asentamientos precarios sin agua, cloacas, servicios mínimos, desagüe pluvial, servicio de salud, educativos… Entonces, cuando uno de alguna manera redirecciona los recursos para hacerlos mucho más equitativos y justos, también encuentra un camino para ser una Argentina mucho más justa e integrada.

P: Si bien existe una separación, pero ¿Considerás que tiene que haber separación económica de la iglesia y el Estado?

MG: Son 2 realidades completamente diferentes: la iglesia o el credo y el Estado. El origen de la reparación pecuniaria que el Estado hace a la institución jurídica iglesia se configura no en alegar que existe una religión oficial o cosas por el estilo, porque el Estado no tiene religión, no la podría tener ni corresponde que la tenga; sino que corresponden variables históricas en oportunidad de la colonia donde el Estado en épocas de Bernardino Rivadavia confiscó la totalidad de los bienes de las iglesias -fundamentalmente de la católica-. Cuando se dicta la Constitución, lo que se establece es un parámetro de cómo recomponer aquello que el Estado, en función de una visión política del momento, le había quitado a la iglesia en ese sentido. Me parece que este es el equilibrio que debería preservarse hacia adelante. Aquellos que tienen un fundamento en una reparación económica de un daño injusto sufrido es lícito, lo que no lo es comprende entender a la religión como una cuestión oficial del Estado cosa que no corresponde en un Estado laico como el que tenemos. 

P: Por último, me interesaría consultarte sobre laInstitucionalización del lenguaje inclusivo, ¿Estás a favor de esta medida o no? ¿Cuál es tu opinión?

MG: Bueno, creo que forma parte de estos nuevos elementos que han sido disruptivos en la convivencia y vida social. Me parece que en ese sentido ya la sociedad ha dado pasos en ese orden, y si bien será progresivo instalarlos culturalmente, lo cierto es que aquel lenguaje que en determinados momentos no discrimine y sea inclusivo de las distintas expresiones de sexo, identidad o como el Estado lo ha consagrado incluso a las personas que no tienen un reconocimiento sexual definido, y entender profundamente a las diversidades hacia una realidad más inclusiva y justa; y deberemos, progresivamente, las organizaciones del Estado y de la vía comunitaria ir incluyéndolos sin el traumatismo que puede significar a veces dar un discurso estéril en torno a cuestiones puramente de la práctica lingüística . Tiene una profundidad  distinta y tiene que ver con una posición social de un Estado o comunidad que es cada vez más abarcativa e inclusiva.

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