Por Redacción
2021-04-15 14:37:56
Ivanna Aguilera, coordinadora del Área Trans, Travesti y No Binarie de la Facultad de Filosofía y Humanidades.
El 29 de marzo a la madrugada, la policía demoró a Ivanna Aguilera, coordinadora del Área Trans, Travesti y No Binarie de la Facultad de Filosofía y Humanidades. La razón de la demora fue una presunta orden de captura de 1988 que se fundaba en el artículo 19 del Código de Contravenciones por no llevar la vestimenta acorde al género. Este artículo fue derogado en 1994.
La policía demoró a la activista durante más de tres horas en la madrugada sin darle ningún tipo de información sobre el motivo. Al llegar a la Unidad Judicial 1, la dejaron en libertad pero debía ser ella quien tendría que pedir el cese de esa orden.
La Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC publicó un comunicado repudiando este hecho: “Instamos a la Fiscalía General de la Provincia, a la Policía de Córdoba y a los organismos estatales implicados a realizar un minucioso y comprometido trabajo para que estas situaciones no vuelvan a suceder jamás”.
Este no es un caso aislado. La violencia institucional que se ejerce hacia la población LGTBQ+ es continua. Un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sobre los derechos humanos de la población travesti y trans en aislamiento obligatorio exhibe que aumentó el hostigamiento policial hacia la comunidad travesti y trans durante el aislamiento por la pandemia. Desde el CELS manifestaron: “Es necesaria una integralidad en las políticas públicas hacia la población travesti y trans, con un rol estatal activo en la reparación de los derechos vulnerados durante años, tanto en contexto de pandemia, como después de ella”.
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