Por Redacción
2021-04-16 13:47:08
Marcha nacional en contra de la criminalización de la protesta de octubre 2020.
Durante 2018 se tomaron más de 50 facultades y rectorados en todo el país en marco de una protesta por el desfinanciamiento de la educación. En Córdoba, lxs estudiantes ocuparon el Pabellón Argentina en reclamo por mayor presupuesto universitario, mejora de los salarios docentes y por la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades en la Universidad pública.
27 de estxs estudiantes fueron imputados en junio de 2019 y en septiembre del año pasado, por decisión unánime de la Cámara Federal de Córdoba se confirmó el procesamiento. Esto significaba que enfrentarían un proceso oral y público.
Ahora, el fiscal Maximiliano Hairabedián pidió elevar a juicio la causa de lxs 27 acusadxs de usurpación por despojo. Hairabedián también pidió iniciar una causa paralela a Leticia Celli, abogada y docente universitaria, por la misma razón que lxs estudiantes.
La realidad es que la docente se acercó al Pabellón a darle consejos legales a lxs alumnxs universitarios. En esta ocasión, se presentó, mostró su matrícula y allí fue cuando unos policías le tomaron los datos. Celli explicó: “O sea, lo que yo hice fue ir a asesorarlos, pero a ellos eso como que no les importa y me acusan de los mismos hechos”.
Sobre la causa, la abogada Celli manifestó: “Es una barbaridad manifiesta. Sin antecedentes. La usurpación es un delito contra la propiedad privada, acá era un edificio público. Era una medida de protesta donde el derecho penal debe ser ultima ratio”. Agregó: “Pero lo más grave es el antecedente que queda, nefasto para todo aquel que quiera salir a luchar”.
Fausto Szmulewicz, integrante de la Asamblea Interfacultades de la UNC, aseguró: “La intención del fiscal Hairabedian, que también fue la misma que la fiscal anterior, Gabriela López de Filoñuk, es criminalizar y disciplinar al movimiento estudiantil, el mismo que durante la rebelión educativa del 2018, logró cuestionar y desenmascarar las políticas de ajuste del gobierno nacional, y las problemáticas de una universidad que tiende a convertirse en una universidad elitista y mercantil, ya que fomenta la deserción estudiantil y profundiza convenios con empresas, en pos de poner la educación al servicio de los monopolios y no para el pueblo”.
Szmulewicz expresó la seriedad del conflicto: “Las autoridades universitarias le pidieron a la justicia que interviniera. Esto es gravísimo ya que las dos partes, estudiantes y decanos-rectores, venían en constante diálogo para destrabar este conflicto. La autonomía universitaria se vio violada con la intervención de la justicia”.
Sobre el apoyo de las distintas facultades y centros de estudiantes universitarios, el integrante de la asamblea dijo: “Después de que seamos informados de que estábamos imputados, el acompañamiento y apoyo, fue casi inexistente, más que algunos comunicados o que nos expresaran la preocupación de que nos estén judicializando, nunca hubo algún apoyo real para evitar ir a juicio o combatir la criminalización de la protesta”. Y añadió: “Y el rectorado no movió ni un pelo para evitar que 27 estudiantes de la U.N.C. sean criminalizados por defender y luchar en pos de una universidad para todo el pueblo”.
Actualmente, desde la Asamblea de Interfacultades están convocando una reunión para organizar la cuarta marcha contra la criminalización de la protesta. Esta reunión será el próximo viernes 23 a las 17hs en la Plaza intendencia.
Mantenete al día con las últimas noticias, programas y eventos.
