Por Redacción
2021-03-09 12:57:12
Rampas en las escuelas.
Por Susana Parés, docente universitaria.
Las clases presenciales en las distintas etapas de la educación constituyeron una preocupación constante de padres, especialistas y parte de la dirigencia política.
El retorno a la actividad áulica es un tema complejo y se presume que debió haber implicado recepción de opiniones, consultas a especialistas, planificación y un largo etcétera, a fin de compatibilizar la situación vinculada con la pandemia y la necesidad indudable del retorno a la escuela del mejor modo posible. Porque tiempo, hubo y mucho.
El 11 de febrero de 2021 el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, dicta la resolución Nro. 26 que es publicada el 12 del mismo mes, en el Boletín Oficial.
Después de un año muy largo, es de suponer qué al dictar la normativa referida, se había previsto, la situación de todos los establecimientos escolares que tienen distintas modalidades.
Pero no fue así. De un modo inentendible (o quizás mejor sea decir injustificable), el 26 de febrero de 2021 se publica la resolución 33 del Ministerio que referimos con la forma de “ampliación”, para incorporar las escuelas de educación “especial”, albergues y técnico-profesional.
Apartar a los alumnos que concurren a las llamadas escuelas “especiales” (nombre discriminatorio si lo hay), o escuelas albergues, o técnicos profesionales y agruparlos en una resolución “distinta” es muy preocupante.
Además en el artículo 1° reconoce su propio pecado, expresando: “Amplíase”. Vocablo de uso común cuando alguien “olvida” u “omite”.
Los fundamentos no resultan satisfactorios, pudieron haberse incluido también en un sola resolución – la Nro. 26 – y no colocar en tan disvaliosa a otros escolares.
Resulta complejo entender los anexos para los alumnos con discapacidad.
Es de esperar que los protocolos –tardíos- se interpreten en debida forma. Y la situación de los alumnos que requieren acompañante terapéutico o maestra integradora, sea adecuadamente resuelta. Especialmente porque además deben concertarse soluciones con los municipios.
Resulta inexplicable que se publique, casi con el inicio de clases, el procedimiento a aplicar a los alumnos con discapacidad. Las medidas preparatorias, fueron dadas para el colectivo general de alumnos con dos semanas de antelación. De este modo se añadió a los alumnos más vulnerables y a sus familias una agobio injustificable. Alguien debe dar una explicación…si es que la hay.
Salvo que esos protocolos los haya elaborado el no-médico de 19 años que trabajó en el COE y sin que a la fecha la comunidad cordobesa haya tenida una explicación de tan inexcusable error de los funcionarios políticos.
Sea cual fuere la razón de esta sinrazón, de nuevo, parece que el propio Gobierno y sus máximas autoridades, desconocen la ley provincial 10.728.
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